Los 275 aprobados en las oposiciones para maestros de Educación Infantil llegarán hasta donde sea para reclamar sus plazas, unos puestos que el Gobierno de Canarias ha dejado en suspenso por presuntas irregularidades en el proceso. El próximo jueves por la tarde saldrán de nuevo a la calle las 41 personas afectadas en Lanzarote, profesores que continúan impartiendo sus clases aunque siguen siendo víctimas de la incertidumbre.
La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias dictó el pasado lunes una resolución temporal en que la que se decanta por conservar los exámenes de los participantes en el proceso de selección de las oposiciones de la especialidad de Educación Infantil y proceder al nombramiento de nuevos tribunales para su calificación. La tercera resolución de la Consejería determina la repetición de la parte oral de las pruebas, lo que afectará a todos los que acudieron a la oposición por libre, alrededor de 60 personas.
Aunque de momento no son resoluciones oficiales, puesto que no han sido publicadas en el Boletín Oficial, la noticia no ha sido muy bien acogida desde la Asociación 275 Aprobados. La consejera canaria de Educación, Milagros Luís, Milagros Luís Brito defendió el pasado miércoles la actuación de su departamento tras la suspensión de los resultados de las oposiciones de Educación Infantil, un proceso en el que se ha actuado "con fundamentos en el derecho y procurando causar el mínimo daño" y no descartó depurar responsabilidades "si fuera necesario".
Cazar moscas a cañonazos
“La esperanza es lo último que se pierde”, aseguró para Crónicas Miguel Ángel Morales, portavoz de la asociación. Morales señaló que el escrito de la Consejería se materializaría en tener que recuperar la oposición y apuntó que “no sólo es injusto, sino que es algo que nunca antes había ocurrido”. Tanto él como sus compañeros confían en que las resoluciones den un giro antes de ser definitivas porque “de no ser así, beneficiaría a los que suspendieron las pruebas pero a nosotros nos perjudicaría muchísimo, sería como reconocer que aprobamos sin merecerlo, que somos ilegales cuando todos trabajamos duro y nos sacrificamos”, subrayó.
Ante esta anómala e incómoda situación, los afectados han decidido exprimir cualquier posibilidad. Reparten octavillas, realizan concentraciones y no se cansan de explicar su reivindicación y objetivo. Para ellos la solución propuesta “es absurda y complicada cuando todo podría haberse hecho de manera más fácil y menos traumática”. Como ya dice el refrán, estos jóvenes creen que la medida es como cazar moscas a cañonazos.
¿Hay otras alternativas?
Para los afectados existe un camino más sencillo, una alternativa que no ponga su trabajo y posición en tela de juicio y que se base en la justicia y en la coherencia. Mientras Juan Cruz, el director insular de Educación, teme que la única vía que les queda es la judicial, Morales y sus compañeros luchan por que se mantengan las plazas porque “la evaluación fue justa y a todos nos corrigieron los mismos tribunales”. Eso sí, matizan que se debería llevar a cabo una revisión a fondo de cada reclamación. Es decir, subsanar cada irregularidad denunciada sin tirar por tierra todo el camino recorrido.
Los aprobados exigen que si se revisan los exámenes y aparecen más aprobados, "se les conceda la plaza, pero ampliando el número de las mismas" y reclaman "el derecho a un puesto de trabajo, puesto que una vez que obtuvimos una plaza renunciamos a nuestra anterior ocupación, con la consiguiente renuncia" o cambios de domicilio, entre otros aspectos, para los que reclaman una compensación. Desamparados y sin representación, la incertidumbre se sigue apoderando de los profesores. Los que suspendieron y reclamaron aún no saben a qué atenerse exactamente, si tendrán otra oportunidad o si deberían continuar su carrera por otro camino. Los que aprobaron imparten sus clases sin saber hasta cuándo, en calidad de qué o qué pasará en caso de perder su plaza, su tiempo.
