Marcial Martín compareció este lunes en el salón de plenos del Ayuntamiento.
Fotos: Dory Hernández
El grupo de gobierno del Ayuntamiento de San Bartolomé (PSC-PIL) exigió este lunes “transparencia” al Gobierno de Canarias en la construcción del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) El Quintero. El alcalde, Marcial Martín, recordó en rueda de prensa que la comunidad educativa y los padres de alumnos afectados vienen demandando la construcción del centro educativo desde hace ya unos cuatro años. Por eso, pidió que el Ejecutivo regional que aporte una respuesta clara e inmediata sobre los motivos que han impedido hasta ahora la edificación del colegio, sobre todo, según aseguró, porque “el Ayuntamiento de San Bartolomé ya ha hecho todo lo que está en su mano pero es el Gobierno el que debe actuar” para que se inicie el proyecto de redacción de la obra.
El primer edil socialista afirmó que desde el grupo de gobierno ya se empieza a sospechar que el Gobierno de Canarias “está esperando por la aprobación de la Ley de Medidas Urgentes” -que este lunes va a comisión y que se aprobará previsiblemente el próximo 25 de abril- o que quizás la verdadera razón de que el asunto se esté dilatando tanto sea la falta de liquidez de las arcas regionales. “No queremos polemizar sobre este tema, lo único que pedimos simplemente es que se resuelva para que los niños puedan recibir una educación adecuada”.
Por su parte, la concejala de Educación, María Dolores Corujo Berriel, señaló que el Ayuntamiento “ha hecho los deberes desde 2005, pues tiene todas las vías posibles abiertas y las seguirá manteniendo”. La edil insistió en pedir que, “si realmente no hay liquidez, si se está esperando por la Ley de Medidas Urgentes, o si el problema es que están desmotivados, que lo digan, pero que el Gobierno mande de una vez un mensaje claro que acabe con la incertidumbre de tantos padres”.
De hecho, María Dolores Corujo adelantó que ya está habiendo serios problemas para matricular a los 198 niños que en la actualidad permanecen en las aulas adaptadas de la Casa Ajey. “Los padres están teniendo que matricular a sus hijos en dos centros ante la imposibilidad de que se aumente el número de plazas este año”, dijo.
El artículo 47 y los tres acuerdos plenarios
Por su parte, el alcalde hizo un balance de las acciones acometidas por el Ayuntamiento desde que en 2005 la comunidad educativa de la Isla detectó que en el CEIP Ajey, que actualmente cuenta con más de 7000 alumnos, no cabían los niños. “La Consejería de Educación y el Ayuntamiento adaptaron unas instalaciones provisionales en la Casa Ajey, hasta que se construyera el colegio de El Quintero”, recordó.
La concejala de Educación de San Bartolomé, María Dolores Corujo Berriel, acompañó al alcalde, junto a la primera teniente de alcalde, Conchi Álvarez.
Según Martín, como dicho espacio no reúne las condiciones adecuadas (patio sin techar, baños reducidos, falta de acceso para discapacitados, etcétera), el Ayuntamiento puso a disposición del Gobierno de Canarias una parcela con 13.170 metros cuadrados -de los 45.000 metros que posee el Consistorio en el municipio- de suelo urbanizable. Dado que la vía del Plan General iba a demorarse en el tiempo, pues éste está en revisión y no quedará concluido hasta dentro de un par de años, la idea entonces fue tramitar una modificación puntual de las Normas Subsidiarias, por lo que se abrió el pertinente expediente. “Las competencias son municipales en Urbanismo, pero la última palabra la tiene siempre la COTMAC” -Comisión de Ordenación Territorial y Medio Ambiente de Canarias-, recordó.
En esta línea, según el relato del alcalde, “mantuvimos conversaciones bilaterales con el consejero de Ordenación Territorial y Medio Ambiente”, Domingo Berriel, quien aconsejó al Ayuntamiento que “sería más rápido activar el artículo 47 del Texto Refundido de la Ley de Espacios Naturales de Canarias”, lo que permitiría una suspensión temporal del planeamiento contemplado en la ley con lo que, a su vez, se daría luz verde a la construcción del colegio. Marcial Martín recordó que el Ayuntamiento ha tomado ya tres acuerdos plenarios en este sentido, y subrayó que incluso desde la propia Consejería de Domingo Berriel se felicitó al Consistorio por el trabajo realizado. “Incluso se recomendó a otras instituciones que aprovecharan y copiaran el trabajo técnico realizado desde San Bartolomé”, sostuvo el alcalde.
A pesar de todo lo expuesto, sin embargo, “incomprensiblemente la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente todavía ni nos ha contestado”, incluso después de que nos dijeran tanto al concejal de Urbanismo, Juan Guillén, como a mí, que todo estaba ok”, relató Martín, quien destacó que “hacía falta que Educación le pidiera a Medio Ambiente la activación del artículo 47”. Según el grupo de gobierno, a pesar de que el Ayuntamiento se ha dirigido a Educación y al propio presidente del Gobierno, Paulino Rivero, hasta la fecha no hay una respuesta oficial. El alcalde recordó que se han dado casos en Puerto del Rosario, Fuerteventura, y Tenerife, en los que el Ejecutivo regional sí ha tramitado la vía del artículo 47 para dar salida a situaciones de urgencia. “No creo que haya razones para no atender a los niños de San Bartolomé”, esbozó.
Cuestión económica o política
A pesar de los recados del Ayuntamiento al Gobierno canario y de los cruces de acusaciones aparecidos en prensa entre el alcalde y el propio director insular de Educación, Juan Cruz, lo cierto es que a día de hoy el colegio El Quintero sigue sin ser una realidad. “En los presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2008 aparecía una partida de 70.000 euros para la redacción del proyecto, y luego, en 2009, gracias a la intervención de los parlamentarios lanzaroteños, se pudo ‘pintar' un presupuesto de unos 40.000 euros para este año”, recuerda Marcial Martín, que apunta que "también el Cabildo podría intervenir en este asunto".
Aunque el Ayuntamiento considera probable que sea la falta de liquidez del Gobierno canario lo que está detrás de esta paralización, todo apunta a que el Ejecutivo está aguardando por la aprobación de la Ley de Medidas Urgentes, que acortará todos los plazos en materia de urbanismo. En este sentido, los nacionalistas podrían poner al alcalde en una encrucijada, pues se verá obligado a votar a finales de mes en contra de dicha Ley, que será recurrida ante el Constitucional por su propio partido, el PSC, aun cuando su aprobación pueda suponer la solución para que el colegio El Quintero tenga por fin todas las bendiciones.
