- El SCS explica que “en caso de que el paciente hubiera aportado los datos que le fueron solicitados vía voluntaria, la liquidación por la asistencia sanitaria se habría girado a la entidad aseguradora del vehículo en el que viajaba”
El departamento de Tesorería y Recaudación del Servicio Canario de la Salud (SCS), dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha desestimado el recurso de reposición interpuesto por el joven lanzaroteño Cristian Morales, residente en Teguise y al que Hacienda ha embargado su cuenta bancaria tras no haber abonado los casi 80.000 euros que la Administración le reclama por los cuidados recibidos tras sufrir un accidente de tráfico en 2017 tras el que quedó en estado de inconsciencia durante unos días. Lo sorprendente del caso es que políticos como el portavoz de Sanidad del Partido Socialista (PSOE) en el Parlamento autonómico, el también lanzaroteño Marcos Hernández, no sólo han mostrado su extrañeza y su indignación ante este caso sino que llegaron a afirmar en los micrófonos de Crónicas Radio-COPE Lanzarote que iban a hacer las gestiones necesarias para que se frenara algo tan absurdo como es tratar de cobrarle a un ciudadano español por la asistencia recibida en un hospital público. Ninguna de sus gestiones ni la del resto de implicados ha servido cuando ahora llega como un jarro de agua fría una resolución que va a provocar que el joven lanzaroteño y su familia tengan que acudir a los tribunales de justicia, con la carga económica que eso supone y el tiempo de espera por la lentitud de la administración, para demostrar que todo es un monumental lío que han organizado aquellos a los que parece que lo único que les preocupa es tener razón. Es más, según toda la documentación a la que ha tenido acceso este diario, en lo único que se basan para justificar el embargo es que ni el herido ni su familia se dieron por notificados por parte de la Administración para que realizaran el papeleo con la mutua correspondiente, algo que manifiestan que es absolutamente falso porque la primera comunicación se produjo en Las Palmas cuando el joven estaba en coma después del accidente y su familia en Lanzarote pendiente de encontrar un vuelo para viajar a Gran Canaria. El resto de las comunicaciones, además, llegaron a un domicilio que no correspondía con el de la familia, errores de la administración que ahora pretenden que pague el administrado.
Cristian Morales defendía en el citado recurso que interpuso hace algunas semanas que nunca le fueron notificados los citados gastos y alegaba también que ninguna de las administraciones implicadas le comunicó absolutamente nada, y menos durante los 21 días en que estuvo en coma.
Tal y como ha podido saber este diario, el recurso de este joven lanzaroteño ha recibido respuesta negativa por parte del SCS, con lo que la Agencia Tributaria, el propio SCS y también la gerencia del Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria le siguen reclamando ahora casi 80.000 euros por los servicios médicos que recibió. En la resolución del SCS se deniega el recurso a la providencia de apremio que sí recibió el mes pasado, una providencia de apremio en la que se le comunicaba que debe abonar los gastos médicos sanitarios de su asistencia y los días de estancia en el citado centro hospitalario. Dicha factura se eleva a 72.398,61 euros, pero con el recargo de apremio, consistente en un añadido del 20 por ciento de la cantidad supuestamente adeudada, ahora está cerca de los 80.000 euros.
En sus fundamentos para emitir la citada resolución, el SCS apunta que intentó notificar la solicitud de pago, primero en período voluntario, hasta en dos ocasiones, pero el departamento dependiente de Sanidad asegura que los intentos resultaron infructuosos. Después el SCS procedió a la publicación de dicha notificación en el Boletín Oficial de Canarias de fecha 7 de enero de 2021. “No figura recurso interpuesto contra la referida liquidación en periodo voluntario”, se afirma en la resolución. El SCS asegura que, una vez transcurrido el plazo para hacer efectiva la providencia de apremio, “se tramitó por la Agencia Tributaria Canaria el correspondiente expediente de embargo”, a lo que el afectado ha contestado que fue el pasado 8 de octubre de este año cuando se le notificó por correo ordinario la comunicación de la providencia de apremio”. “Lo que es altamente significativo”, argumentaba Morales en su recurso, “es que las supuestas comunicaciones previas no se me hayan enviado a mi domicilio, pero esa comunicación de la Agencia Tributaria sí se me haya enviado a mi domicilio, que es mi residencia habitual y oficial desde hace más de 10 años”.
Ahora, lamentablemente, la resolución del SCS afirma, a pesar de haber sido admitido a trámite el recurso contra la providencia de apremio, que este joven no aportó ninguno de los motivos de oposición recogidos en “el artículo 167.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria”. Así, ratifica que los argumentos y circunstancias alegadas por este joven lanzaroteño no se prevén dentro de “las asistencias sanitarias prestadas en el ámbito de la sanidad pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a lesionados por hechos de la circulación ocasionados por vehículos a motor”.
El SCS agrega que "en caso de que el paciente hubiera aportado los datos que le fueron solicitados vía voluntaria, la liquidación por la asistencia sanitaria se habría girado a la entidad aseguradora del vehículo en el que viajaba”.
De esta manera y, una vez notificada la desestimación a su recurso de reposición contra la citada providencia de apremio, el SCS recuerda que contra la misma resolución, “que no agota la vía administrativa, podrá interponerse Reclamación Económico-Administrativa en el plazo de un mes ante este órgano”, es decir, la Tesorería y Recaudación del Servicio Canario de Salud.
Accidente y embargo de la cuenta bancaria
Cabe recordar que Hacienda, a través de la Agencia Tributaria Canaria, ha embargado semanas atrás la cuenta corriente de este joven, que ahora tiene 24 años y que el fatídico 9 de julio de 2017, cuando apenas contaba con 20 años, fue víctima de un accidente de tráfico cuando se encontraba de visita en Gran Canaria, un siniestro que le provocó un traumatismo craneal grave y que le llevó a ser ingresado en estado de inconsciencia en el Hospital Doctor Negrín de la capital grancanaria, donde permaneció por espacio de varios días hasta que pudo recibir el alta médica.
Años después, a pesar de que contaba con un seguro obligatorio el vehículo en el que viajaba y también de seguro de responsabilidad civil, el SCS y el Hospital Doctor Negrín, a través de Hacienda y la Agencia Tributaria, han notificado mediante una carta al domicilio de este joven el embargo de su cuenta corriente en tanto no haga efectivo el pago de los casi 80.000 euros que se le reclaman, o hasta que no agote las vías administrativas y legales para recurrir dicha decisión.
Ausencia de gestiones y trabas de la Administración pública
A tenor de todo lo sucedido, ahora Cristian y su familia se quejan de la cantidad de trabas que, a su juicio, está poniendo la Administración pública en un asunto que, aseguran, les es ajeno. En este sentido, consideran que son las distintas compañías de seguros implicadas en el accidente las que deberían haberse puesto en contacto con el SCS, o a la inversa.
Pero, en cualquier caso, lo que sostienen es que de ninguna manera es el joven accidentado el que ahora debe asumir dichos costes, cuando es evidente que en éste y en otros casos la sanidad pública en España debe ser gratis para los españoles, amén de las cuestiones técnicas que se deban resolver entre aseguradoras y la administración cuando el ciudadano español sufre un accidente.
El caso de Cristian fue muy conocido y sonado, puesto que su familia y él mismo son muy queridos en Lanzarote.
Tras darse a conocer la noticia en el programa "A buena hora" de Crónicas Radio-COPE Lanzarote el portavoz de la Comisión de Sanidad del Partido Socialista (PSOE) en el Parlamento de Canarias, Marcos Hernández, se comprometió a hacer las gestiones necesarias para aclarar y resolver una situación tan dantesca y lamentable para el joven, que está viviendo como es lógico unos días de angustia e incertidumbre al haber caído dentro de la a veces terrorífica maraña de la administración pública. Unas gestiones que, a tenor de la última notificación recibida por el joven, o no se han realizado o no han dado los frutos esperados.
Defectos en una comunicación que el accidentado asegura que no existió
El joven, tal y como ha podido saber este diario, recurrió a principios del último verano dicha providencia de apremio y en su respuesta a la Agencia Tributaria ha alegado, aparte de considerar que no le corresponde efectuar ningún pago, que en realidad hubo distintos errores por parte del SCS, el Hospital Doctor Negrín o la Agencia Tributaria a la hora de comunicarle que debía hacer frente a dicha cuantía. Así las cosas, el joven relata que ha tenido conocimiento del importe que la Agencia Tributaria Canaria casi de rebote puesto que las notificaciones se produjeron en direcciones equivocadas. Además, interpreta que debe abonar esa enorme cantidad de dinero que evidentemente no tiene ni ha ganado en su vida cuando el plazo de pago voluntario estaba ya más que vencido y cuando ya se le ha advertido del embargo de su cuenta bancaria.
Por el contrario, Cristian Morales, que parece la víctima de un lío burocrático, alega que se le ha impedido tener información de lo que ocurría y sostiene que, por tanto, se le ha privado del derecho de presentar pruebas y alegaciones. En el recurso de reposición que presentó hace ya unos meses, este joven aportó también documentación acreditativa, como el atestado de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria respecto al referido accidente de tráfico, la póliza de seguro obligatorio de responsabilidad civil -con la compañía Mapfre- y la sentencia condenatoria resultante del juicio rápido que se celebró.
En su exposición dentro del citado recurso, la víctima de dicho siniestro apunta que el pasado 13 de noviembre de 2018 se celebró un juicio rápido en el Juzgado de Instrucción Número 3 de las Palmas de Gran Canaria, un proceso que terminó con una sentencia condenatoria.
