Este domingo, 22 de junio, se cumple un año desde que la nueva Corporación del Cabildo, presidida por la socialista Manuela Armas, tomara posesión.
Tras las elecciones del 27-M, el año de mandato auspiciado por el pacto entre el Partido Socialista (PSC) y el Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) ha estado sometido a una gran presión a cuenta del régimen penitenciario del líder histórico de los insularistas, Dimas Martín, en prisión por la causa del Complejo Agroindustrial de Teguise. De hecho, en la firma del pacto entre PSC y PIL se aseguró que se respetarían ciertos temas y que otros, como los problemas judiciales de Martín Martín, se dejarían aparte.
A pesar de ello, y aun cuando todavía permanece en la retina la concesión a Dimas del tercer grado penitenciario por parte de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, el PSC acaba de pedir dos años de cárcel para el líder histórico del PIL por caso de los baños de Los Dolores. Y es que el Partido Socialista, que ejerce la acusación en la denuncia por la obra de los baños de la ermita de Los Dolores, en Mancha Blanca (Tinajo), ha pedido al juez que instruye el caso la apertura de juicio oral y una pena de dos años de cárcel para Dimas Martín, ex presidente del Cabildo, y para Sergio Machín, ex consejero de Obras Públicas de la Corporación.
Así las cosas, los insularistas se cuestionan su permanencia del pacto en función de cuál sea el resultado del juicio contra Dimas y la actitud del PSC, su socio de gobierno no sólo en el Cabildo de Lanzarote, sino también en los ayuntamientos de Arrecife, San Bartolomé, Teguise y Tías. De ahí que la sostenibilidad del pacto vaya en función de lo que suceda con Dimas.
Por otra parte, es justo recordar que durante este año el ciudadano ha podido apreciar grandes propósitos pero pocos resultados por parte del actual equipo de gobierno. Las intenciones han sido buenas en cuanto al desarrollo del Plan ‘Lanzarote Sostenible', al igual que con la revisión del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT), las conversaciones con los promotores afectados por las sentencias que decretan ilegales las licencias municipales con que sus hoteles fueron construidos, ... buenos propósitos con un final vacío hasta el momento.
Durante este año de gobierno se ha vendido a bombo y platillo que Arrecife contará con un Palacio de Congresos finalmente. Pero este año de mandato ha sido especialmente polémico, unas veces por la sobre-escenificación de los partidos de la oposición (CC, PP y PNL-NC), y otras por propios deméritos del Gobierno insular. Durante estos doce meses hemos escuchado críticas por supuesto oscurantismo y enchufismo en las contrataciones del Cabildo, se ha hablado incluso usurpación de funciones en el caso de los Centros Turísticos.
Y si la legislatura comenzaba mal en materia de agua, con ese incendio que asoló la planta Lanzarote II, el Plan de Viabilidad y Modernización de Inalsa tampoco está ayudando mucho a mejorar las cosas. Eso sí, este año parece que ha servido para darle carpetazo al problema del laudo entre Inalsa y la UTE Edad Janubio, un final que tampoco ha gustado mucho a la oposición. Es cierto que ha sido el año en que la oposición ha tenido voz pero no voto en la composición de la Mesa de Contratación, e incluso en las juntas de gobierno insular y también en el Consejo de Administración de Inalsa.
Pero de poco vale esa presencia si luego los debates se organizan en los medios de comunicación y casi nadie quiere rescatar la Comisión de Investigación de Inalsa y la Planta de Janubio.
También ha sido el año en que la ciudadanía ha conocido la deuda heredada de la época de Chana Perera, con esa embarcación alquilada para visitar la Expo de Sevilla en el 92. Y no se ha parado en materia urbanística, con más y más pleitos de los que de momento el Cabildo ha salido airoso en su afán por defender la revisión del PIOT o moratoria turística.
La transparencia que tanto postula la presidenta del Cabildo, Manuela Armas, ha desaparecido para muchos con las intervenciones del consejero de los Centros Turísticos, Carlos Espino, quien parece tener casi totalmente delegadas las competencias en materia de Política Territorial y Medio Ambiente que tomó, en su momento, la presidenta de la Corporación.
El socio de gobierno de los socialistas tampoco lo ha pasado demasiado bien con tantas dimisiones en el seno de su partido. Isaac Castellano, su padre, Antonio Hernández y otros tantos siguieron el camino de varios miembros del Comité Local de Tías, pero todo eso tampoco parece haber distraído la atención de los insularistas, que siguen forjándose el papel de justicieros en la carretera de Tahíche y soportan con estoicismo la obligada pretensión del PSC de ubicar en Tahíche el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE).
En el PIL las cosas dependen de Dimas Martín, y el pacto con el PSC evolucionará según pinten las cosas durante el juicio por los baños de Los Dolores y dependiendo de cuál sea el futuro del líder, por antonomasia, de la política insular conejera.
