La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha iniciado este lunes a primera hora de la mañana un registro en el domicilio del ex presidente del Cabildo y actual portavoz adjunto de Coalición Canaria (CC), Pedro San Ginés, según ha sabido este diario de diferentes fuentes consultadas y según ha comprobado al acercarse a la zona. La llegada de los agentes, algunos de uniforme y otros de paisano, se produjo sobre las ocho de la mañana, momento en el que accedieron al interior del inmueble situado en la urbanización que está en las Salinas de Puerto Naos, enfrente del Castillo de San José.
Los agentes han estado varias horas en el interior de la vivienda de San Ginés, donde se supone que han buscado información sobre alguna de las cuestiones que tienen que ver con su gestión al frente de la Primera Corporación insular y que podrían estar relacionadas con los pagos hechos al abogado Ignacio Calatayud.
De hecho, testigos presenciales han confirmado a Crónicas que también se ha producido a primera hora de la mañana un registro en la vivienda de la familia Fernández Camero en la urbanización de El Cable, familia vinculada con el abogado Calatayud al haber estado casado con la hija del ex secretario de Arrecife Felipe Fernández Camero.
En principio, como es habitual en este tipo de casos, la investigación se ha declarado secreta y no se ha dado traslado de lo que se está buscando ni siquiera a la representación letrada del propio San Ginés. Lo único que se sabe es que el registro ha sido ordenado por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife, cuyo titular es el magistrado Jerónimo Alonso Herrero, que es el que está llevando a cabo la investigación.
Según fuentes consultadas, sobre las 14.00 horas Pedro San Ginés se ha dirigido en su propio vehículo al cuartel de la Guardia Civil de Costa Teguise para recoger de forma oficial el documento en el que se incluye la declaración que ha realizado ante los agentes.
Denuncia en la Fiscalía Anticorrupción
San Ginés está ahora mismo siendo objeto de varias investigaciones, aunque la más controvertida es la que tiene que ver con el abogado que llevó la parte de la concursal de Insular de Aguas de Lanzarote (INALSA) antes de que finalmente se entregara el ciclo integral del agua a Canal de Isabel II a través de su filial Canal Gestión. Al margen de lo que denunciaron desde el Partido Socialista (PSOE) tanto en rueda de prensa como en diferentes notas, Podemos anunció en junio de 2021 que había trasladado la documentación a la Fiscalía Anticorrupción sobre los supuestos pagos irregulares del Consorcio del Agua e INALSA al abogado amigo de San Ginés durante su etapa al frente del Cabildo. En un pleno, cuando todavía compartía gobierno el PSOE con el Partido Popular (PP), la portavoz de la formación morada, Myriam Barros, pidió la comparecencia de Corujo para que explicara por qué no había hecho nada a pesar de llevar casi año y medio asegurando que tenía conocimiento de graves hechos delictivos por parte de la anterior dirección del Consorcio del Agua. Estos hechos, que se enmarcan en el concurso de acreedores que la empresa pública INALSA llevó a cabo durante 2009 y 2010, desataron una tormenta mediática alimentada por la propia Corujo y que según el criterio de Podemos convirtió entonces al Cabildo en "un juguete en manos del interés político de turno", contribuyendo con ello a desprestigiar la institución que preside y a restar gravedad a los hechos.
Barros y su grupo consideraron entonces de extrema gravedad que el PSOE utilizara la Primera Institución insular para hacer un uso partidista de la información y documentación del Consorcio Insular que ha ayudado a extender “una sombra de duda y desprestigio entre la ciudadanía”. De hecho, el Cabildo de Lanzarote emitió hasta diez notas de prensa en las que deslizó documentación del proceso y emitió juicios de valor impropios para una institución democrática y decente, según determinaron Barros y sus compañeros cuando eran oposición en el Cabildo, antes de pactar con los socialistas tras la ruptura del pacto con el PP. “Si Pedro San Ginés contrató a dedo a un amigo personal, tal y como afirma el actual grupo de gobierno en sus notas de prensa, sólo lo puede determinar un juzgado, pues estamos hablando de delitos que se tendrán que investigar y demostrar”, afirmaron entonces desde Podemos. Para ellos, la actitud del PSOE y del PP entonces dificultó seriamente “que la corrupción deje de ser la marca premium de esta isla, porque la corrupción se juzga ante la justicia y no ante la prensa”. Por ese motivo decidieron ser ellos los que llevaran el tema a que fuera investigado.
