Todos los ex senadores salvo 13 han solicitado la indemnización que ofrece el Senado a los parlamentarios cuando se disuelven las Cortes por la convocatoria electoral. Asciende a 8.345 euros, el equivalente al sueldo que habrían cobrado entre la disolución del Senado el pasado 3 de mayo y las elecciones generales del 26 de junio. Son en total 181 los que sí han pedido esta suerte de indemnización por despido, que se cobra a razón de 154,54 euros por cada uno de los 54 días entre esas dos fechas citadas; en total, 8.345,16 euros que se cobran de una vez y que son incompatibles con cualquier ingreso o sueldo público o privado, según ha informado Europa Press.
Tienen derecho a esta indemnización todos los parlamentarios que pierden el escaño al disolverse el Senado por la convocatoria electoral y no tienen otro ingreso, mientras que no pueden pedirla los 71 que siguen siendo miembros de la Diputación Permanente de la Cámara, el único órgano parlamentario que se mantiene entre legislaturas. Ellos siguen cobrando su nómina habitual. En la lista de los 13, según informa esta agencia de noticias, no figura ningún representante de Podemos, entre ellos el ex senador por Lanzarote José Ramón Galindo, que también habría accedido a esta compensación que se da para compensar el paso entre un periodo político y el siguiente.
Los 13 que no han pedido indemnización
Rosa María López Alonso (PSOE)
Josep Rufá (ERC)
Tomás Marcos (Grupo Mixto-Ciudadanos)
Pilar Barreiro (PP)
Susana Camarero (PP)
Marcial Marín (PP)
Luis Rogelio Rodríguez Comendador (PP)
Arenales Serrano (PP)
Marta Torrado (PP)
Esther Basilia del Río (PP)
Salomé Pradas (PP)
María Isabel Sánchez Torregrosa (PP)
Eugenio Jesús Gonzálvez (PP)
Según informa Europa Press, han pedido este ingreso todos los miembros del grupo Podemos-En Comú-Compromís-En Marea y los de Democracia y Libertad; también todos los socialistas salvo Rosa María López Alonso (electa por Salamanca), todos los de ERC salvo Josep Rufá (electo por Tarragona) y los del Grupo Mixto salvo Tomás Marcos, de Ciudadanos y parlamentario autonómico en la Comunidad de Madrid. Los otros diez que han renunciado a esta ayuda son del PP. Entre ellos se encuentra la ex alcaldesa de Cartagena (Murcia) Pilar Barreiro, cuyo nombre ha sido noticia esta semana porque la Guardia Civil la relaciona en un informe remitido a la Audiencia Nacional con el caso Púnica, al igual que al presidente de la Región, Pedro Antonio Sánchez. No han pedido la indemnización los secretarios de Estado de Igualdad, Susana Camarero, y de Educación, Marcial Marín, que no podían hacerlo porque cobran el sueldo de sus ministerios. Tampoco la han solicitado el ex alcalde de Almería Luis Rogelio Rodríguez Comendador, las ex diputadas Arenales Serrano (Valladolid) y Marta Torrado (Valencia), Esther Basilia del Brío (Salamanca), Salomé Pradas (concejal en el Ayuntamiento de Castellón), María Isabel Sánchez Torregrosa (teniente alcalde del Ayuntamiento almeriense de Huercal-Overa) y Eugenio Jesús Gonzálvez (presidente de una mancomunidad y de un consorcio de Almería).
Este pago se denomina indemnización de transición, cubre el tiempo que los parlamentarios se quedan sin ingresos entre una legislatura y otra. Prácticamente todos ellos vuelven a ser candidatos en junio, y muchos tienen posibilidades de repetir en el cargo, por lo que este ingreso es un puente entre la nómina de la XI legislatura y la de la XII. La última nómina de los ex senadores fue la de mayo, que sumaba el sueldo correspondiente a los días que mantuvieron el cargo (la disolución fue el día 3) más la parte proporcional de la paga extraordinaria de junio. Después, los que han querido han solicitado esa indemnización de transición. No se cobra de forma automática por el hecho de que las Cortes se disuelvan, sino que hay que pedirla. El plazo se cerró el pasado 17 de mayo y el Senado ha hecho públicos hoy los datos.