El secretario general en la provincia de Las Palmas del Sindicato Unificado de Policía (SUC), Juan José Hernández Mendoza, ha avalado las actuaciones del agentes del Cuerpo Nacional de Policía cuyo traslado ha solicitado recientemente el Colegio de Abogados de la Isla, acusado de incurrir en un supuesto trato indigno sobre los detenidos y los propios letrados. A través de una carta remitida a este medio, el secretario del SUP critica tanto la actitud del decano como la de los abogados de Arrecife, por “acusar a “nuestro compañero sin causa jurídica que lo fundamente”.
Este sindicato de la Policía Nacional esgrime que “si estos abogados actúan haciendo escritos de repulsa en contra de un policía a su decano, en vez de dirigirse a los juzgados y presentar la correspondiente denuncia, qué no harán cuando asistan a un detenido en calidad de abogado”.
Hernández denuncia que estos letrados tienen “muy poco conocimiento de cómo actuar en defensa de sus intereses, y en consecuencia, se podrá deducir qué empeño pondrán en la defensa de un detenido cuando actúan de oficio”. Señala el secretario sindical que no puede imaginar a un policía tomándole declaración a un detenido y, a su vez, amenazando al abogado que le asiste. “Esto no se lo cree nadie con un mínimo de conocimientos de derecho”, reza el escrito.
El representante del Sindicato Unificado de Policía sostiene que el pasado 21 de marzo, en la toma de declaración de un detenido, estuvo presente el juez decano de Lanzarote junto al abogado de oficio, por lo que habría que preguntarle a su Señoría si quedó contento con la actuación del letrado”, “el mismo abogado que tuvo que llamar a un familiar ante el temor de que pudiera ocurrir algo”.
Desde el SUP se preguntan cómo es posible que estos abogados que tienen que conocer todos las normas jurídicas por la que las que se rige el Estado español, pidan el traslado de un policía fuera de la isla de Lanzarote. “¿Cómo se le ocurre al decano del Colegio de Abogados hacer tal solicitud, a sabiendas que con esta petición se vulneran los derechos que como funcionarlo de la Administración del Estado asisten al Policía?”, cuestiona el escrito.
Tanto el decano como los abogados, agrega la carta, “tendrían que conocer que el traslado sólo puede ser efectivo cuando lo solicite a petición propia el propio funcionario, o por sanción de una falta grave tipificada en el Reglamento de Régimen Disciplinario aplicable a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía”. Esas peticiones del decano del Colegio de Abogados de Lanzarote, sostiene el secretario del SUP, sólo tienen cabida en una “República bananera donde se vulneren sistemáticamente ios derechos de las personas, pero no en España”.
Al final de la misiva, el sindicato insiste en que va a salir siempre en defensa de todos los miembros del Cuerpo Nacional de Policía en sus actuaciones, “desde el comisario hasta el último de los policías”, ya que “defendemos la Ley y estamos sometidos a ella”. Añaden que en este caso concreto estaremos al lado de nuestro compañero y pondremos todos los medios Jurídicos para que resplandezca la verdad de los hechos.
Desmantelación del grupo de estupefacientes
El SUP augura que muchos ciudadanos y diferentes asociaciones pedirán cuenta de la actitud de dichos letrados, ya que, a su juicio, como consecuencia de “sus quejas”, el Grupo de pequeño tráfico de drogas que actuaba en el en torno de zonas educativas, de ocio y diversión de Arrecife, y que tan buen resultado estaba dando en los últimos tiempos, -prueba de ello son las diligencias instruidas desde diciembre del año 2005, con más de 38 detenidos, incautados 3,261 kg. de hachís, 705 gr. de cocaína, 65 gr. de heroína, 72 piedras de crack y 166 pastillas de diversas clases-, ha sido “desmantelado por orden de la superioridad”.
Caso Fonseca
El Sindicato recuerda que en su momento defendió a ultranza a dos agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Arrecife a los que “lincharon públicamente y acusaron injustamente en todos los medios de comunicación” por el famoso y desgraciado caso Fonseca, donde “fuimos los primeros en sentir la muerte de un ser humano, pero donde el tiempo y ios tribunales, tanto españoles como internacionales, han dado la razón a los agentes”.
Critican, además, que nadie se haya retractado ni pedido disculpas por las declaraciones acusatorias que en su momento se vertieron en la prensa local, regional, nacional e internacional. En este caso, dicen, piden lo mismo que entonces. “El tiempo y los tribunales darán o quitarán la razón”.
