El Ayuntamiento encarga un informe y lo traslada al TSJC proponiendo una solución de demolición parcial de lo edificado, “que permitiría cumplir estrictamente con el fallo judicial y adaptar lo no demolido a la normativa urbanística”
La ejecución subsidiaria de la sentencia supone para el Ayuntamiento licitar la redacción del proyecto y las obras de derribo parcial para luego trasladar los costes a la propiedad