El que fuera asesor del ex ministro de Fomento José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre, ha sido detenido este miércoles tras una amplia investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, dentro de una operación todavía no cerrada que ha puesto patas arriba los cimientos del anterior gobierno del socialista Pedro Sánchez, que en la misma jornada tuvo que desmentir desde Marruecos que supiera algo del asunto y que la destitución del que fuera su hombre fuerte antes de llegar a la Moncloa tuviera relación con este asunto. Se trata de una operación abierta en la que se han producido ya más de veinte detenciones; los investigadores sospechan que los miembros de la red se habrían lucrado a partir de la importación de material sanitario durante la pandemia a través de una empresa que no contaba con experiencia en el sector, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, y que sin embargo recibió adjudicaciones por más de 50 millones de euros en diferentes administraciones públicas.
El asunto ha golpeado de lleno también al anterior responsable del Gobierno de Canarias, el ahora ministro Ángel Víctor Torres. Según ha adelantado el diario ABC, en mayo de 2020 el Servicio Canario de la Salud (SCS) adjudicó a la compañía investigada por la Guardia Civil la compra de mascarillas por un valor total de 6,87 millones de euros, adjudicación que se gestionó sin concurso público y se negoció sin publicidad. El asunto también afecta a la actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, por la misma razón. Como presidenta de Baleares, su Servicio de Salud contrató igualmente con la empresa Soluciones de Gestión la adquisición de mascarillas FFP2 por un importe total de 3,7 millones de euros. La licitación, como en Canarias, se tramitó por la vía de emergencia y se negoció sin publicidad.
A esta licitación bajo sospecha se suma lo que en el Archipiélago se conoce ya como el “caso Mascarillas”, la pérdida de cuatro millones de euros por parte también del Ejecutivo que presidía el socialista Torres por unas mascarillas adquiridas a una empresa que se dedicaba a la compraventa de vehículos y que nunca aparecieron. En abril de 2020, en fechas similares a la otra compra investigada, el Gobierno de Canarias invirtió cuatro millones de euros en mascarillas FPP3 para los sanitarios de los hospitales de la región. En total, se compraron hasta un millón de tapabocas a la empresa RR7 United. Todos los implicados en el asunto, en el caso de la parte pública el que era director general del SCS, tuvieron que pasar por el juzgado y el asunto está todavía pendiente de que termine la instrucción.
