La organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch ha exigido el cierre los cuatro centros de acogida inmediata (CAI) para menores extranjeros no acompañados de Canarias, en los que ahora residen unos cerca de 400 niños. La razón que esgrime la ONG en un informe son los "abusos y violencia" verificados en estas instituciones.
AGENCIAS
El informe 'Responsabilidades no bienvenidas. España no protege los derechos de los menores extranjeros no acompañados en Canarias' recoge que los menores de 10 años son mezclados con otros mayores, lo que ha provocado la violencia entre ellos.
La investigadora de la organización para los derechos de los niños en Europa, Simone Troller, también ha denunciado "el hacinamiento de los pequeños en estos centros de emergencia, donde literalmente están detenidos". Según datos aportados por Troller, en 2006 cerca de 900 menores llegarán a Canarias en cayucos.
En enero, la investigadora visitó tres de los cuatro centros de acogida inmediata (CAI) y otros ocho ordinarios de menores en las islas Canarias. Aunque estos últimos presenten unas "condiciones en general buenas", los de Esperanza (Tenerife) y de Arinaga (Gran Canaria) preocupan especialmente a Troller, que cuenta que ahí, "aparentemente, se maltrata a los pequeños de manera sistemática o rutinaria".
"Hablamos de un tipo de violencia muy seria, de un trato degradante e inhumano y de palizas. Son golpeados de manera regular y encerrados por varios días en celdas sin lavabos y aunque reciben comida no pueden salir de ellas", declaró.
Además, de acuerdo con la investigadora, los niños no pueden quejarse ni denunciar su situación a nadie, porque no pueden salir del centro, desconocen la lengua y no tienen asistencia letrada ni de asistentes sociales. Algunos de ellos, añade el informe, tampoco van a la escuela.
Otra inquietud de la organización se refiere a la imposibilidad de los menores a pedir asilo, dado que en las comisarías, donde se procede a su identificación, se les hurta esa información y no se les pone en contacto con un abogado.
La Fiscalía de Canarias no lo avala
Las conclusiones de la investigación llevada a cabo por Troller fueron remitidas a la Fiscalía de Canarias, que, tras realizar sus propias indagaciones, concluyó que no existían indicios de delito.
Sin embargo, los investigadores creen que la metodología utilizada fue insuficiente e inadecuada, por lo que se han dirigido a la Fiscalía General del Estado. "La Fiscalía General se ha comprometido a solicitar a la de Canarias una nueva investigación", aseguró Troller. También se han dirigido a los responsables del Gobierno Canario, así como de los ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales e Interior.
"Los responsables canarios nos dicen que la responsabilidad es del Gobierno de España y el Ejecutivo central que es de Canarias", dijo la investigadora de Human Rights Watch. "Nosotros pedimos a ambas administraciones que implementen un plan para cerrar los centros de emergencia", concluyó.
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Ruano dice que "si hay alguna anomalía es rápidamente detectada por la Dirección General de Protección al Menor"
Recuerda las competencias de la Fiscalía de Menores para su "protección inmediata" si tuviera conocimiento de hechos delictivos
El consejero de Presidencia y Justicia, José Miguel Ruano, subrayó este jueves, en relación con los abusos y malos tratos que Human Rights Watch asegura haber detectado en los centros de estancia temporal de menores inmigrantes en Canarias, que "si hay alguna anomalía es rápidamente erradicada por la Dirección General de Protección al Menor".
Ruano dijo "desconocer" los hechos narrados en el informe presentado este jueves y asimismo enfatizó que "el nuevo Gobierno errradicará cualquier brote si lo hubiera" e insistió en que "funcionan todos los mecanismos internos" para la protección de los menores en el Archipiélago.
En este sentido también manifestó que existe una Fiscalía del Menor con "competencias directas" sobre menores que es la "encargada de su protección inmediata" en el caso de que se hubieran producido hechos delictivo.
