La Asociación de Constructores de Lanzarote condena los abusos urbanísticos denunciados en el informe hecho público el pasado martes por Greenpeace. El documento repasa las principales amenazas que existen en Lanzarote, destacando que el “Estudio de la Oferta de Equipamiento de Ocio encargado por la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias plantea la construcción de tres nuevos campos de golf, tres parques temáticos y dos nuevos puertos deportivos”. Además, señala que “la Fiscalía del TSJC ha denunciado a tres municipios de la Isla por delitos de prevaricación urbanística: Teguise, Haría y Yaiza”.
El nuevo presidente de la asociación de constructores conejeros, Neftalí Acosta, valoró el informe de los ecologistas y matizó que Canarias es una comunidad más dentro del conjunto de España, que “está inmersa en un proceso de un ritmo de construcción bastante fuerte y en el que hay muchas sospechas de que ciertas zonas del litoral puedan ser susceptibles de fraude de ley”. La asociación de constructores ve el origen de estas irregularidades en el “boom de la construcción y el incremento del ritmo de ventas”.
En opinión de Acosta, “junto a todo boom económico aparecen los aprovechados de turno que intentan traspasar la línea entre la legalidad y la ilegalidad, así como aquellos que juegan a la alegalidad”, porque muchas veces “no está definido el tipo de territorio”, aclaró.
En todo caso, Acosta espera “que poco a poco ese ritmo se vaya estabilizando por el bien de todos, no sólo del constructor, sino de toda la sociedad”.
Ovejas negras de la Construcción
El portavoz de los constructores señaló que Canarias no es “el ogro de todos estos males” y recordó que la Unión Europea ya ha expresado en numerosas ocasiones su más enérgica condena y oposición a los macroproyectos de urbanización en España al considerar que en muchos casos han vulnerado los derechos fundamentales de las personas. Acosta defiende que “en cualquier tipo de negocio, no solo el del constructor, hay que atenerse a la legalidad y quien no esté dentro de esa legalidad tendrá que atenerse a las consecuencias”.
Acosta reconoció que con la desaceleración del ritmo de trabajo y de ventas en el sector de la construcción “habrá empresas que resistirán y otras que no”. No obstante, apuntó que “quizás este bajón ayude a depurar esos garbanzos negros que puedan existir en el sector”. “Ovejas negras hay en todos los sectores, que manchan la imagen del resto. Por lo tanto, “puede ser una buena oportunidad para hacer una criba del oportunista de turno”, avanzó.
Crecimiento oferta residencial
Greenpeace señala que la presión urbanizadora de Canarias se ha dejado sentir especialmente en Fuerteventura, donde en los últimos 17 años la extensión edificada ha aumentado un 169%, pasando de 223 a 628 hectáreas, debido al enorme crecimiento de su oferta residencial. Le sigue Lanzarote, con un crecimiento del 60%. En tercer lugar se sitúa Tenerife con un 51%.
Acosta desconoce esos datos, pero asegura que “a nadie se le escapa la realidad”. “Lanzarote es una isla pequeña”, explicó, “los que hemos vivido toda la vida aquí hemos visto cómo ha crecido desde hace 35 años, con el comienzo de la afluencia turística la realidad paisajística de Lanzarote ha cambiado muchísimo”. En este sentido afirmó que desde los años 70 “ha crecido sin parar, ha habido momentos más tranquilos que otros, pero en los últimos 8 años el ritmo de crecimiento de turistas y residentes ha sido frenético, no sólo en Lanzarote, sino también en el resto de España”. Este ritmo empezará a ralentizarse y a estabilizarse, según sus previsiones, y será el mercado el que comience a marcar la demanda de camas y de viviendas residenciales.
Incentivos fiscales
El informe de los ecologistas afirma que los incentivos fiscales en Canarias “han propiciado el desarrollo de un sector turístico de grandes magnates que han olvidado cualquier referencia al desarrollo sostenible y a la calidad de vida de los canarios”. Asimismo, continúa diciendo que los expertos coinciden en señalar que “el uso de instrumentos fiscales, tales como la Reserva de Inversiones para Canarias (RIC), ha provocado un aumento de construcciones que no es acorde con la demanda turística, sino que se utiliza para dar salida a la inversión, apoyada en la especulación”.
En este sentido, Acosta admitió que “es cierto que todos los empresarios se han podido agarrar a la RIC para evitar pagar a Hacienda por los medios legales, como haría cualquier empresario de otro sector”. “Lo más goloso siempre ha sido la compra de suelo para seguir construyendo camas turísticas porque es de lo que vive la construcción y la Isla”, añadió. No obstante, aclaró, “desde Europa se está vigilando bastante la RIC, porque puede convertirse en un instrumento bastante peligroso para la protección del territorio”.
De la cantidad a la calidad
Neftalí Acosta está convencido de que en Lanzarote “todos estamos de acuerdo en que no se pueden construir más camas turísticas”. El debate, por lo tanto, está en “qué hacer con la planta alojativa y cómo darle calidad para no perder ritmo en el mercado del turismo, del cual vivimos absolutamente todos en la Isla”, recordó.
El futuro está en las infraestructuras sociales
Si no se pueden crear más camas turísticas y residenciales, ¿qué salida le queda al sector de la construcción? Acosta lo tiene claro. En su opinión, el futuro del sector pasa por la rehabilitación de la actual planta alojativa y la creación de nuevas infraestructuras sociales. “Hay que buscar otras vías y otros sectores de inversión que no sean la cama turística”.
El constructor recuerda que la población de Lanzarote ha crecido mucho en muy poco tiempo y “se ha visto carente de servicios, de instalaciones sanitarias y educativas como colegios, una futura universidad, hospitales, residencias de ancianos, ambulatorios, etcétera”. Con las obras públicas “se abre un buen mercado del que la administración pública debería tomar nota”, dijo. Otra vía muy interesante, en su opinión, son las Viviendas de Protección Oficial (VPO). “En Lanzarote ya han pasado 8 años sin que ninguna institución haya cedido suelo público para la construcción de viviendas sociales”, señaló. Por lo tanto, las administraciones “deberían plantearse proyectar esas obras que los constructores estaremos encantados de ofertar”.
32 vertidos ilegales en Lanzarote
Según denuncia el informe de Greenpeace, Canarias es una de las regiones con mayores problemas de vertidos en sus costas debido a “la desidia de las administraciones a la hora de adecuar las instalaciones depuradoras al crecimiento de la población”. Los ecologistas advierten de que “el número de vertidos sin autorización presentes en todas las islas del Archipiélago canario es alarmante”. Concretamente, señala que en Lanzarote existen 32 vertidos ilegales a través de conductos de desagüe sin autorización.
Estos sumideros ilegales tienen nombre y apellidos y están localizados en el municipio de Arrecife (en la Ensenada de los Mármoles E.S. Harinas del Mar y ocho viviendas sin autorizar, Barquillo, Alcorde, Guatifay en el Charco de San Ginés, el Casino en el Parque Islas Canarias, Peña del Camello, Urbanización El Cable y Urbanización La Concha), el municipio de San Bartolomé (“Los Robles” y “Mesana” en Playa Honda), el municipio de Teguise (Urbanización Los Cocoteros, Playa de las Cucharas, Playa Bastián, Las Caletas), en el municipio de Tías (Urbanización Matagorda, Urbanización Costa del Mar, Urbanización Edisol, Playa Blanca, Hotel los Fariones, El Muellito, Varadero, Puerto de la Tiñosa, viviendas particulares, Risco Prieto) y el municipio de Yaiza (Urbanización Costa Papagayo y Los Llanos de las Maretas Desaladora Inalsa Sur).
