La dirección jurídica del Cabildo de Lanzarote discrepa respetuosamente de los argumentos de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que anula el concurso que adjudicó la redacción del Plan Territorial Especial de Ordenación Turística (PTE) a Fernando Prats.
Por esta razón, la Corporación insular ha dedicido que recurrirá la decisión judicial del Tribunal canario, que ratifica la sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 3 de Las Palmas.
Desde el grupo de gobierno del Cabildo se asegura que, en cualquier caso, la sentencia "carece de efectos prácticos, pues el urbanista rescindió el contrato con la administración insular de forma voluntaria, por discrepancias con la anterior presidenta, Inés Rojas".
La sentencia del TSJC fundamenta la anulación de la adjudiación del contrato al despacho del urbanista Fernando Prats (AUIA), el 29 de julio de 2005, en que los técnicos que informaron en su día debieron abstenerse por su vínculo con la Fundación César Manrique (FCM), a la que a su vez asesoraba Prats. Además, según la opinión ofrecida por varios juristas, tras la sentencia del TSJC al Cabildo no le quedaría otra salida que emitir un nuevo informe técnico, toda vez que la sentencia del Alto Tribunal declara "firme la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Número 3 de Las Palmas", que anulaba la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia técnica para la redacción del Plan Territorial Especial.
En dicha sentencia, hecha pública este miércoles, el tribunal canario rechaza el recurso del Cabildo, que pedía que se declarara errónea la prueba practicada por la jueza, al entender que no se había demostrado suficientemente que el Cabildo adjudicara el concurso en base al informe emitido por los técnicos del PIOT Esteban Armas y Leopoldo Díaz “de forma parcial”.
Razones para la anulación
Como se recordará, una de las ocho empresas que participaron en el concurso público por el que se adjudicaba la licitación de “Consultoría y Asistencia para la redacción del Plan Territorial Especial de Ordenación Turística (PTEOT) de Lanzarote” solicitó en los tribunales de justicia que se adoptaran medidas cautelares para suspender de manera urgente el procedimiento, a fin de que se volviera a seleccionar a la empresa que debía encargarse de la redacción del PTEOT.
Esta empresa interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Cabildo insular de Lanzarote por la que la Primera Corporación contrató al equipo que dirige el arquitecto y urbanista Fernando Prats. En concreto, Ingeniería Técnica Canaria, S.A. considera que la preferencia del Cabildo por el equipo de Prats es “ilegal” porque, según dicha empresa que dirige Francisco González Jaraba, en el procedimiento de contratación los técnicos que hicieron los informes sobre las ofertas presentadas estaban vinculados a la Fundación César Manrique (FCM), tratándose de los mismos expertos del Plan Insular de Ordenación Territorial (PIOT).
Según Ingeniería Técnica Canaria, S.A., estos técnicos no fueron imparciales por su vinculación a la FCM con la que, a su vez, mantiene relaciones el equipo de Prats. Por ello, consideran que los técnicos del Plan Insular debieron haberse abstenido en el procedimiento de licitación y no haber participado en él.
Relación provechosa
Por su parte, quienes sí han accedido a valorar la sentencia del TSJC han sido algunos miembros de la oposición en el Cabildo. Así, el presidente de Coalición Canaria (CC) en Lanzarote, Mario Pérez, subrayó que la relación del urbanista Fernando Prats con el Cabildo ha sido siempre “bastante provechosa. Desde el punto de vista económico ha conseguido un montante importante”. Pérez consideró acertada la sentencia, ya que los distintos aspirantes que presentaron propuestas al concurso del PTE “no debían haber sido valorados por personas cercanas a las propias partes implicadas en las mismas candidaturas de la redacción del PTE”.
Fernando Prats trabaja para el Cabildo desde el año 1989, cuando comenzó la redacción del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT), prosiguió con la revisión del PIOT (conocida como moratoria), y posteriormente intervino en la elaboración del PTE. Sin embargo, Prats renunció a su redacción cuando no estaban concluidos los trabajos del Plan Territorial Especial (PTE) de Ordenación Territorial.
Al respecto, el que ocupara el cargo de consejero de Economía y Hacienda durante parte de la pasada legislatura, Luis Celestino Arráez, no supo concretar si al final el Cabildo le pagó todo lo estipulado a Fernando Prats en su contrato, aunque sí aseguró que cuando el urbanista abandonó la redacción del PTE sí que se le había abonado al menos más de la mitad de lo pactado.
