El conflicto de los vecinos de El Golfo contra el deslinde de Costas podría terminar inmediatamente si se aplica la propia normativa de suelo. Así al menos lo entiende José Ortega, el abogado particular que está defendiendo a los afectados por la orden ministerial que pretende convertir en zona se servidumbre casi la totalidad del pueblo.
Según el letrado, el deslinde ni siquiera hubiera sido posible si se hubiese tenido en cuenta una normativa anterior a la Ley de Costas de 1988. En concreto, es el texto refundido de la ley de suelo de 1976 la que hace posible esta afirmación.
Al parecer, en 1981 se dictaminó por real decreto que todos los planes generales que contradijesen a la Ley del 76 serían adaptados a esta normativa de forma directa.
Esto implica que todos los planes de ordenación que calificasen como suelo de reserva urbana a una zona pasarían a ser considerados directamente suelo urbano.
Este es el caso de El Golfo, que en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Yaiza de 1973 fue calificado como suelo de reserva urbana. El cambio de esta consideración de reserva a suelo urbano es condición suficiente para que Costas sólo pueda declarar zona se servidumbre 20 metros a partir de línea fijada como deslinde marítimo terrestre, por lo que nunca existió base real para la orden ministerial que ha encendido las alarmas de los vecino de El Golfo.
Si este procedimiento legal queda demostrado ante la Dirección General de Costas tendrán que rebajar de 100 a 20 metros la zona de servidumbre que intentaban aplicar, ya que estarían ante un núcleo de población consolidado de forma probada por un plan de ordenación.
Esta podría ser razón suficiente para modificar la orden ministerial. De qué forma y quién se encargará de dialogar con el director general de Costas, José Fernández, para hacerle llegar esta realidad jurídica es aún una incógnita porque se trata de una conversación que queda en manos de los representantes políticos.
Por ahora la diputada nacional del Partido Socialista por Lanzarote, Olivia Cedrés, está estudiando esta nueva vía legal para solucionar el conflicto para hacérsela llegar a Fernández lo antes posible porque eniende “que cualquier posible solución para El Golfo debe ser atendida”, como señaló a Crónicas.
La última alternativa
Los vaticinios de José Ortega en caso de que no se llegase a un acuerdo con la presentación de esta “solución técnica definitiva”, como él mismo la califica”, no son muy halagüeños. El conflicto volvería al punto de incertidumbre anterior, en el que se cuenta con un certificado de núcleo urbano de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) que Costas quiere suspender cautelarmente y con un recurso de reposición planteado por los vecinos que no ha sido aún respondido pero que, en vista de la reacción de Costas ante la prueba principal que supone este certificado, se espera que sea rechazado.
Por otra parte, sigue en curso el contencioso administrativo interpuesto por el servicio jurídico del Ayuntamiento de Yaiza en representación de otro grupo de vecinos que pretende anular el deslinde, lo que daría la oportunidad a Costas de volver a empezar con todos los trámites para realizar un nuevo deslinde y, esta vez, sin cometer ningún error.
Ante esta situación, Ortega plantea una nueva opción que podría terminar de forma rápida y definitiva con el conflicto sin necesidad de anular el deslinde. Así, la zona se servidumbre se rebajaría inmediatamente a 20 metros y terminaría la lucha de propietarios y Ministerio.
Una fórmula legal
La fórmula que hace posible esta solución es a partes iguales simple, porque no conlleva ningún trámite más allá del entendimiento de las partes interesadas, y compleja, por la alusión a normativas y conceptos legales.
Apoyado en todos los planteamientos de la ley que apoyan su argumentación y en la jurisprudencia que demuestra la validez de esta fórmula ya utilizada en la resolución positiva en casos similares, el letrado hace una exposición extensa y detallada de lo que ha ocurrido, está ocurriendo y podría ocurrir en esta batalla.
Los interesados en los detalles del dictamen de Ortega pueden acceder a él pinchadno aquí, pero el resumen de lo que se pretende hacer llegar a la Dirección General de Costas es que se han dado un cúmulo de circunstancias que han permitido que El Golfo haya estado más de 30 años sin un documento que certificase su existencia como núcleo de población.
El problema comienza con la misma explicación de por qué se decide calificar como suelo de reserva urbana y no como suelo urbano por temor a motivar “un crecimiento desproporcionado”.
Esto implicaría que el suelo sí tiene características para ser considerado suelo urbano, aunque no se incluye como tal por otras razones. En estas condiciones se llega a 1976, momento en el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo en el que se prevé que (en los artículos 78 y 79) el suelo será considerado urbano cuando se den unas características de edificación que se daban en El Golfo en aquel momento, por lo que el PGOU pasa a estar en una ilegalidad (al considerarlo reserva) en la que entraron muchos planeamientos al aplicarse esta ley. Para evitar esta situación de incompatibilidad, se publicó el Real Decreto Ley 16/1981, en el que califica directamente como urbanos, sin tener en cuenta lo que diga el planeamiento, a los terrenos que tengan edificados dos terceras partes de los espacios aptos para la misma.
Así, El Golfo pasó a ser suelo urbano por aplicación directa de este precepto. Para apoyar esta consideración de núcleo edificado en sus dos terceras partes la argumentación se apoya tanto en la consideración del PGOU, como en el documento que emitió la propia COTMAC en febrero de 2007, además de en las pruebas de los estudios y fotografías que lo demuestran de forma feaciente.
En este sentido, Ortega apunta también a la necesidad de que el propio Gobierno de Canarias rechace la petición de Costas de anular cautelarmente el certificado porque goza de total legalidad.
