El Partido Popular (PP) del Ayuntamiento de Arrecife ha pedido la anulación de la aprobación del Plan Especial de la zona especial del Puerto de Arrecife (PEPA). Los populares fundamentan su decisión en cinco “defectos legales” que, a su entender, se han cometido durante el proceso de aprobación del documento. Además, alegan que el planeamiento del Puerto se ha hecho “reemplazando el interés general por una suma contradictoria de intereses particulares”. Los concejales populares Loly Luzardo y Eugenio Hernández entregaron este lunes en el Ayuntamiento capitalino un recurso potestativo de reposición en el que explican detenidamente sus razones para rechazar el PEPA.
En primer lugar, Luzardo quiso recordar que este planeamiento no contempla dos peticiones en las que todos los partidos estaban de acuerdo, hasta que ApL y PSOE se echaron atrás: una Autoridad Portuaria propia y un muelle de cruceros conectado directamente con la ciudad a través de un puente. Por el contrario, señaló la edil popular, el puente “se ha desplazado hacia el norte, hacia la nueva zona comercial y el puerto deportivo”.
En este sentido, aseguran que con la aprobación del PEPA “se copia íntegramente el modelo de desarrollo urbanístico y especulativo impuesto por la Autoridad Portuaria en el resto de Canarias”. El plan contempla la creación de un nuevo centro comercial y hotelero, que en opinión del PP “competirá en unas condiciones inmejorables a favor de la Autoridad Portuaria de Las Palmas con el resto de la trama comercial y hotelera de la capital”. Asimismo, los populares destacan que no se prevé partida presupuestaria para el dragado y descontaminación de la Bahía de Naos, “imposibilitando la comunicación con el Charco de San Ginés”.
“Defectos legales”
En primer lugar, los populares señalan la ausencia de calificación como “sistema general portuario” de la zona de servicio afectada por el PEPA. “Cada vez que se toma una decisión se contemplan dos documentos: el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de 1998 y la Adaptación Básica”, recordó Luzardo. El PEPA, señaló, se sustenta en la Adaptación Básica y “todos sabemos que está llena de errores. La norma es que “si hay supuestos contradictorios, no se toma ninguna decisión”. En este sentido, los populares acusan al grupo de Gobierno de medir con distinto rasero las actuaciones de los ciudadanos particulares y las suyas propias.
El PEPA, informó Luzardo, modifica el sistema general de viales: “Se contempla un nuevo viario en el Islote del francés que no se sustenta ni en la Adaptación Básica ni en el PGOU del 98”, aseguró. A este respecto, los populares recordaron “el tirón de orejas” que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dio al Ayuntamiento capitalino en referencia al vial que da cobertura al Parking Islas Canarias, y “que ha sido objeto de reprimenda judicial”.
En segundo lugar, el PP pone de manifiesto la ausencia del informe jurídico preceptivo de la secretaria del Ayuntamiento. Ésta hizo un informe que, a juicio de los concejales populares, consiste en “una relación de preceptos legales, pero no recoge los contenidos de obligado cumplimiento”. En este sentido, añaden que no hay “ningún atisbo de análisis legal de la adecuación del PEPA a los instrumentos de ordenación territorial superiores en rango”, es decir, no aclara si el PEPA se ajusta a la normativa vigente y, por lo tanto, “el informe de la secretaria tampoco se ajusta a derecho”.
En tercer lugar, los concejales populares resaltan la ausencia del informe preceptivo de la Comisión de Ordenación del Territorio y del Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) y del Cabildo de Lanzarote. Algo que los populares achacan a las “prisas por eludir la Ley 9/2006 sobre evaluación ambiental”, de forma que el grupo de Gobierno del Ayuntamiento no esperó a que le llegase el informe de la COTMAC. Luzardo recordó que la normativa en este sentido es muy clara: “obliga en materia de ordenación del territorio y del medio ambiente, a las instituciones implicadas (insular y autonómica) a emitir un informe al respecto”.
En cuarto lugar, el PP señala las modificaciones sustanciales producidas entre la aprobación inicial y la aprobación definitiva. Estas modificaciones están numeradas en el documento fechado el pasado14 de julio “sin ninguna justificación técnica o motivación de las mismas”. Se trata de cambios que no recogen ninguna de las alegaciones presentadas por las 21 personas, colectivos y partidos políticos. En opinión de Luzardo, estas modificaciones de la Autoridad Portuaria no responden a actividades propiamente portuarias, de la pesca profesional náutico-deportivo, sino que responden a las necesidades de las actividades de ocio, comercial o turísticas.
Por último, los populares rechazan el documento por incumplimiento de la normativa especial sobre protección ambiental y de estudios de impacto. La alcaldesa aprobó el texto el 21 de julio porque al día siguiente comenzaba a aplicarse la Ley 9/2006 que obliga a hacer una evaluación de impacto medioambiental. Esto, a su entender, demuestra el “desprecio del grupo de gobierno a la legislación vigente, sin tener en cuenta el valor de los recursos naturales, patrimoniales y paisajísticos de la Marina de Arrecife, declarada Bien de Interés Cultural (BIC)”.
