Un grupo de vecinos de Playa Honda ha denunciado este domingo la creación de un centro de menores inmigrantes en la zona industrial sin previo aviso. Según las primeras informaciones a las que ha tenido acceso esta redacción, en el interior viven ya diez menores aunque está previsto que se pueda tener allí hasta cuarenta.
Los residentes se han puesto en contacto con este diario para mostrar su descontento por la utilización de este espacio situado en el municipio de San Bartolomé sin que ninguna de las instituciones públicas les hayan transmitido que estas instalaciones cercanas a sus viviendas iban a emplearse para esta finalidad. Algunos testigos afirman tener constancia de esta actividad desde los últimos días de 2024 tras observar en el interior grupos reducidos desplazándose e incluso jugando al fútbol.
Posteriormente, ha sido el alcalde de la localidad, Isidro Pérez, que está igual o más molesto que los vecinos, quien ha confirmado a Crónicas que el improvisado centro se abrió el día 30 de diciembre por la noche, es decir, "con nocturnidad y alevosía", y lo que es peor para él, sin comunicárselo al Ayuntamiento como entiende que se debería haber hecho. "Evidentemente, somos conscientes de que hay que atender a los menores que se quedan en la Isla bajo la tutela primero del Gobierno de Canarias y después del Cabildo; ahora, lo que no entendemos es que se elija un lugar como el que se ha establecido como centro sin comentarlo con las autoridades locales, en este caso el Gobierno municipal, y sin tener en cuenta nuestra opinión, que ya le digo que esta ocasión no es precisamente favorable", comentó visiblemente enojado.
El alcalde de San Bartolomé dice que en cuanto se enteró de que habían creado el centro realizó una visita para ver qué es lo que estaban haciendo allí, ya que se pusieron a hacer obras sin tener en cuenta, entre otras cosas, que ese lugar, propiedad de un ciudadano extranjero, tiene un expediente sancionador y de derribo de la Agencia Canaria de Protección del Medio Urbano y Natural (ACPMUN) por una parte construida que podría ser ilegal al haberse realizado en suelo rústico. Acto seguido llamó al consejero de Bienestar Social del Cabildo, Marci Acuña, que entendió su enfado al haberse visto sorprendido por la acción y que le dijo que era una cuestión que se había gestionado directamente desde el Gobierno de Canarias. "Independientemente de la administración que tome una decisión así, lo mínimo es informar a los vecinos y a la administración más cercana que tienen, que no es otra que su Ayuntamiento. Cuando había sospechas de que se iba a instalar allí un centro de este tipo yo ya me opuse, entre otras razones porque no es el lugar adecuado por la situación urbanística en la que se encuentra", insistió.
Isidro Pérez confía en que los dirigentes tanto del Cabildo de Lanzarote como del Gobierno de Canarias mediten antes de tomar este tipo de decisiones, y abran aunque sea de forma rápida una vía de diálogo con los gobiernos locales en los que tienen pensado buscar residencias fijas para los menores inmigrantes. "Insisto en que somos los primeros que vamos a arrimar el hombro para atender a estos menores, faltaría más, pero también insisto en que las cosas se deben hacer de otro modo", comentó por último.
Como corresponde a la autoridad que le compete, además, este diario ha sabido que varios agentes de la Policía Local de San Bartolomé se presentaron en el recinto y requirieron a la empresa que lo gestiona toda la documentación, para determinar si está todo en regla o además tienen que abrir algún expediente sancionador desde el ámbito municipal.
