El ex presidente del Cabildo de Lanzarote y actual portavoz adjunto de Coalición Canaria (CC) en esa institución, Pedro San Ginés, ha enviado este viernes un comunicado de prensa para aclarar una información no publicada en este diario y adelantada por otros rotativos en la que se anunciaba la investigación ordenada por la Audiencia Provincial de Las Palmas en su contra por un posible delito de coacciones contra el consejero tránsfuga de su grupo político Juan Manuel Sosa. En este escrito San Ginés detalla lo insólito que resulta que se publique ahora por parte de esos medios una noticia que no lo fue cuando hasta en dos ocasiones se archivó la denuncia de su ex compañero en el juzgado de Arrecife que tuvo que instruir la causa.
“En primer lugar, se trata de la simple palabra de un tránsfuga, y por tanto sin palabra y sin la menor credibilidad. Juan Manuel Sosa no tiene ni puede tener ninguna prueba de sus inventos porque esta denuncia no es más que una huida hacia adelante, sabedor de que es él quién tendrá que dar cuentas ante la justicia por haber supuestamente engañado al Servicio Canario de Salud, ocultándole que ya no es portavoz de CC-PNC, para seguir cobrando su sueldo como médico sin asistir a su puesto de trabajo en plena pandemia”, apunta inicialmente.
“El presunto engaño consistiría en que tanto Juan Manuel Sosa como la presidenta del Cabildo que lo encubre, María Dolores Corujo, han asegurado tanto en medios de comunicación como en el pleno de la Corporación que Sosa sí comunicó a la Consejería de Sanidad que le paga que ya no es portavoz, pero dicha comunicación no aparece por ninguna parte. Ni en los informes de Función Pública, ni la ha aportado en sede judicial en su denuncia, con toda probabilidad porque no existe”, apunta.
“En cuanto al contenido de la denuncia y la información publicada en prensa, que deja en el aire si ya se habían producido o no declaraciones, quiero aclarar desde el máximo respeto a su señoría y al proceso judicial, una serie de aspectos que enumero a continuación, para despejar las dudas al respecto. Asimismo, pido a los medios que tras este comunicado y una primera intervención en cada uno de ellos, entiendan el respeto que debo a las diligencias en esta fase de instrucción y de ahí mi silencio a partir de entonces: Primero.- Que la denuncia inicial de Juan Manuel Sosa contra mi persona fue por supuesta “amenaza de querella” y resultó archivada por el Juzgado. Segundo; que ante dicho archivo, el denunciante presentó recurso de reforma ante el propio Juzgado de Instrucción reiterando las referidas amenazas, recurso que también fue desestimado fundamentalmente porque el amenazar a una persona con la interposición de una querella no constituye, de por sí, una actuación ilícita, según reza en el auto desestimatorio. Es decir, que ni hubo amenaza de querella, ni de haberla habido habría sido ilícita por sí misma. Tercero; que la Fiscalía, tras el pertinente traslado del juez de Instrucción del recurso de reforma presentado, consideró igualmente procedente la desestimación de la denuncia. Cuarto; que ante el rechazo del Juzgado de Instrucción a admitir la denuncia por simple amenaza de querella primero, y desestimar el recurso de reforma después, que insistía en la denuncia de amenaza de querella, el denunciante giró en su denuncia presentando recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, pero esta vez centrando la denuncia no en la amenaza de querella en sí, sino en supuestas coacciones para que entregue su acta, privándole de derechos fundamentales e impedir así que siga en el cargo elegido en elecciones democráticas, según reza en el recurso. Quinto; que la Audiencia Provincial resuelve que pese a que coincide en que la amenaza de querella no es en sí misma ilícita, archivar unas presuntas coacciones a fin de evitar que alguien pudiera ejercer un cargo público, es apresurado. Sexto; que el pasado lunes día 31, tanto Juan Manuel Sosa como yo fuimos citados y se nos tomó declaración en sede judicial y tras el presente comunicado y una primera y única intervención en los distintos medios que me lo soliciten para aclarar lo anterior, entiendan que debo estar a lo que disponga su señoría en fase de instrucción, a pesar de los juicios paralelos y habituales filtraciones interesadas que como cargo público asumo desde mi total confianza en la Justicia. Esta no es más que una burda maniobra de este señor y de quienes le protegen, para desviar la atención de los verdaderos problemas que son incapaces de solucionar. Hablemos de esos problemas: inmigración, privatización de la dependencia, crisis económica y sanitaria, ayudas que anuncian y no llegan o llegan tarde. Eso sí que interesa a la ciudadanía. Séptimo; que es falsa la campaña de difamación y desprestigio contra mi persona emprendida por varios medios de comunicación de la Isla, cuando aseguran unos que San Ginés echa la culpa a Migdalia y Echedey de la campaña de denuncias públicas contra Sosa, y otros con titulares como San Ginés se desmarca de la campaña contra Sosa y dice en el Juzgado que quien decide es la dirección del partido y el grupo del Cabildo o San Ginés atribuye la campaña de desprestigio contra Sosa a la dirección de CC y al Grupo del Cabildo. Muy al contrario, he admitido ante el juez ser copartícipe de todas las notas de prensa de la organización, como se desprende de una mera lectura de mi declaración”, señala el ex presidente en su resumen de la situación.
