El vicepresidente de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV), Javier Valentín, ha afirmado de forma contundente durante su participación en el programa "A buena hora" de Crónicas Radio que la nueva Ley de Vivienda Vacacional que está tramitando el Gobierno que preside el nacionalista Fernando Clavijo, a través del departamento que lleva el Partido Popular (PP) con la consejera Jessica de León al frente, va a dejar a núcleos como Famara o La Graciosa sin este modelo de negocio. Para él, está claro que la gente no es consciente del daño que va a hacer su aplicación, en el caso de que no se corrija, a tantas y tantas personas que de pronto dejarán el negocio turístico sólo en manos de unos pocos, eliminando lo que hoy en día es algo bueno para todos.
“Es una ley que va a afectar a miles de familias en Canarias. De hecho, Lanzarote es una isla que va a ser gravemente afectada. Ya nos podemos ir olvidando de las viviendas vacacionales en sitios como Famara o La Graciosa. Porque la purga de la vivienda vacacional en la Isla y en el resto de islas aunque ya tengan presentadas su declaración responsable se va llevar a término en menos de dos años”, anunció visiblemente preocupado.
Valentín destacó que con la nueva ley todo queda sujeto a los ayuntamientos y a su planeamiento, siendo un gran problema por la lentitud para su aprobación. “No va a haber ninguna vivienda vacacional más, lo dice expresamente la ley, que determina que no va a haber más altas nuevas hasta que cada ayuntamiento las apruebe específicamente en su planeamiento municipal. Ya sabemos todos lo que tardan en aprobarse los planes locales, con lo que desde que se apruebe la normativa no va a haber ni una vivienda vacacional más”, señaló.
Además, explicó durante su intervención en el conocido programa radiofónico que dirige y presenta el periodista Alfonso Canales que los diferentes plazos que se establecen para que las instituciones se pronuncien tampoco ayudan nada a que se mantenga parte del negocio entre las familias canarias que quieran también disfrutar de la parte buena que aporta el turismo. “La propia norma establece que los ayuntamientos tienen un plazo de 8 meses para aprobar y empezar a aplicar un plan de inspección de las viviendas vacacionales que ya tienen presentadas sus declaraciones responsables. También el Cabildo debe hacer su parte con un plazo de seis meses, con lo que el Gobierno de Canarias sabe que las viviendas vacacionales en las islas difícilmente cumplen el trámite de la actividad clasificada entre otras cosas porque no es una actividad económica", indicó, dejando claro que el Ejecutivo tiene claro que va a por todas en este asunto, justificándolo por el impacto que supone en la vivienda residencial.
El representante de las viviendas vacacionales no sólo mandó un aviso a navegantes de que muchas de sus viviendas van a ser sometidas a la supuesta purga que realizará el Gobierno de Canarias sino que transmitió que la situación puede ser peor de lo que se esperaba en principio, entre otras cosas por la falta de diálogo que hay entre los políticos que están llevando a cabo la medida y los afectados. “A todas aquellas viviendas vacacionales que ya tienen presentada su declaración responsable que no se crean que con eso están a salvo porque van a estar sometidas a un procedimiento de purga por parte del Gobierno de Canarias. Nosotros no hemos acudido sólo a la Mesa del Parlamento de Canarias sino que hemos puesto una denuncia esta semana que ya ha sido admitida a trámite por la Comisión Europea por una flagrante vulneración de este proyecto de ley de la normativa europea”, anunció.
Valentín no dudó en lanzar la papa caliente a los políticos de Lanzarote pidiendo que se pronuncien al respecto y den explicaciones a los principales perjudicados de esta nueva situación. “Habrá que ver qué opinan los políticos en este caso de Lanzarote que están dentro del Parlamento de Canarias. Hay representantes de los partidos políticos que forman Gobierno que pertenecen a Lanzarote. Que le expliquen a esas miles de familias que se van a quedar fuera”, aseveró.
En esta línea, contó un caso concreto que muestra la desesperación de algunas personas que ven como esta nueva ley puede provocar que se quedan sin su principal o incluso única fuente de ingresos. “Hace dos semanas vino desde Lanzarote un joven empresario que se desplazó hasta mi despacho en Gran Canaria para hablar conmigo. Estaba realmente preocupado y el pobre se deshacía en lágrimas porque había conseguido montar una pequeña empresa que estaba dando trabajo a 12 personas y estaba gestionando viviendas vacacionales. Ese pobre chico quería saber qué iba a pasar con su destino, porque él había leído la ley y podía no tener encaje su negocio. No hacía falta que se la explicara y sabía que él y sus doce empleados se iban a la calle en un plazo inferior a dos años, así de crudo”, detalló.
Para finalizar su intervención el defensor de las viviendas vacacionales hizo un llamamiento a los diferentes políticos para que den la cara e informen a la ciudadanía y los principales afectados por esta nueva ley. “Que nuestros políticos le den una explicación a este chaval de Lanzarote que había conseguido montar una empresa y salir del paro, que ahora él y sus 12 empleados se van a la calle”, finalizó.
