El impulsor de la denuncia del conocido caso de La Bufona, Gonzalo Murillo, caso que tiene que ver con la urbanización que está a la salida de Arrecife y que ha generado innumerables informaciones después de que se descubriera que había sido construida en parte en unos terrenos de su propiedad, se ha vuelto a quejar por las enormes dilaciones indebidas que está sufriendo el procedimiento. De hecho, como suele ser habitual en la justicia de este país, son décadas de espera para que se haga justicia en una reclamación que entiende que es de libro, el hecho de que haya constancia oficial de que en su día, con la connivencia del Ayuntamiento de Arrecife, se construyó sobre parcelas que jamás deberían haber pertenecido a la urbanización. El tema, además, cogió mucho más revuelo cuando se descubrió que allí vivían personajes conocidos de la vida social y política de Lanzarote como la actual alcaldesa de la capital, Astrid Pérez, o el que fuera fiscal de Arrecife Miguel Pallarés. Todos los propietarios derivaron en seguida la responsabilidad a la empresa constructora y al propio Consistorio capitalino. Sin embargo, muchos años después el asunto sigue empantanado y el principal afectado sigue pidiendo a gritos que se haga justicia.
De ahí que Gonzalo Murillo, después de que le fuera admitida una queja tanto en la oficina del Diputado del Común como en la del Defensor del Pueblo, esté harto y quiera que de una vez por todas se termine el procedimiento. Luis del Río, en su condición de fiscal superior de Canarias, ya había denunciado ante el presidente del Tribunal Supremo (TS) la situación del procedimiento abreviado 163/2020 del Juzgado de lo Penal Número 3 de Arrecife, una denuncia que dio lugar a la incoación del expediente gubernativo n.° 10/2022 de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que fue trasladado al magistrado-juez decano del Partido Judicial de la capital lanzaroteña.
La queja, según ha explicado Murillo a este diario, es la número 10/2022 y está incoada por la Sala de Gobierno del TSJC hace más de un mes, sin que todavía se sepa nada de ella.
En esta ocasión, resumiendo mucho un caso sobre el que se pueden publicar miles y miles de folios, se especifica que el proceso penal de La Bufona ya ha padecido de numerosos retrasos y dilaciones indebidas durante su instrucción, reconocidas por magistrados de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Además, el impulsor de la denuncia insiste en que el fiscal Carlos Fernández Seijo, competente en el proceso penal de La Bufona, tardó más de 500 días en contestar a un recurso, para el que la normativa legal contempla un máximo de 5 días, porque perdió y olvidó la documentación.
Murillo se queja en su denuncia de que el Ministerio Público no llamó al proceso penal de La Bufona a los titulares de las viviendas que pedía demoler, lo que originó la anulación del juicio celebrado en el año 2015, pudiendo a su juicio encubrir los delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente que han podido ser cometidos por los propietarios al llamarlos al proceso como responsables civiles y no como responsables penales de delitos contra la ordenación del territorio. En esta línea, recuerda que técnicos del Gobierno de Canarias competentes en materia de ordenación del territorio han constatado sin lugar a duda alguna que varios propietarios, entre los que destaca a la alcaldesa y al ex fiscal, años después de haber comprado las casas han promovido de forma clandestina y sin licencia piscinas y ampliaciones ilegales de sus viviendas sobre suelo rústico de protección ecológica El Jable.
En su denuncia vuelve a subrayar que no ha quedado reseñado en los antecedentes de hecho del auto de 02/05/2022 emitido en el Procedimiento abreviado n.º 163/2020 del Juzgado de lo Penal Número 3 de Arrecife, ni el escrito de acusación, ni las pruebas propuestas por la acusación particular, por lo que considera que habría de subsanarse el error de no considerar en el auto de 02/05/2022 el escrito de acusación y las pruebas propuestas por la acusación particular. Insiste en que ninguno de los propietarios de viviendas sitas al norte de la calle El Chabusquillo puede acreditar ser el titular del suelo rústico situado al norte de su vivienda sobre el que se ha construido ilegalmente.
“De manera que los máximos responsables del Ministerio Fiscal en Canarias, no conformes con encubrir delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente que habrían sido cometidos por propietarios de viviendas edificadas en La Bufona, estarían premiando a los que violan impunemente el suelo rústico protegido, permitiéndoles apoderarse ilícitamente de un suelo rústico que no le han comprado a nadie”, remarca en su denuncia.
