Fotos: Dory Hernández.
Moralmente son los verdaderos dueños de las casas que habitan pero hasta que el Instituto Social de La Marina, conocida como Casa del Mar, no llegue a un acuerdo definitivo con los propietarios de las empresas conserveras a las que cedió hace décadas la titularidad de las viviendas sociales de Valterra, sus moradores tendrán que seguir esperando. No piden más que aquello que les corresponde, no en vano han venido pagando diversas facturas e impuestos correspondientes al uso del inmueble. El pleno del Ayuntamiento de Arrecife discutirá este viernes una moción presentada por Alternativa Ciudadana dirigida a agilizar los trámites necesarios para conseguir que los actuales inquilinos consigan la titularidad de sus hogares. Un objetivo que requiere ante todo de un compromiso político firme.
Incertidumbre. Con esta palabra podría definirse el estado en que se encuentran las setenta familias del barrio arrecifeño de Valterra que actualmente esperan conseguir la titularidad de sus viviendas. Habitan estos inmuebles desde hace más de cuarenta años, como consecuencia de un acuerdo alcanzado entre el Instituto Social de La Marina, conocido como Casa del Mar, y los propietarios de las antiguas empresas conserveras que operaban en la Isla en aquellos años, esto es, Rocar S.A., Hijos de Ángel Ojeda y Garavilla S.A. La condición contractual exigida por el organismo de La Marina establecía que los inmuebles fueran distribuidos entre los productores, siempre y cuando éstos fueran empleados, pescadores o trabajadores relacionados con las faenas de la pesca. Desde entonces (1955) y hasta la fecha los trabajadores del mar, hombres y mujeres incluso llegados desde otros puntos del Archipiélago y el sur de la Península, residen en este populoso barrio capitalino.
Respetando las cláusulas impuestas por los empresarios propietarios de las fábricas de pescado y la Casa del Mar, los inquilinos han abonado todos los recibos mensuales correspondientes a la amortización de las casas, cantidad ésta que se hacía en su día a través de los descuentos mensuales a las nóminas, por lo que cuentan en la actualidad con los recibos correspondientes al uso del inmueble. Sin embargo, y después de varias décadas, todavía no han conseguido obtener el documento que acredita que la vivienda en la residen es de su propiedad.
Teniendo en cuenta que los inmuebles no pueden ser alquilados ni traspasados y sobre todo, que han sido abonados en su totalidad por los actuales habitantes, Alternativa Ciudadana 25 de Mayo defenderá en el pleno del Ayuntamiento de Arrecife una propuesta para la creación de una Comisión, compuesta por un representante de cada organización política presente en el Ayuntamiento, para que conjuntamente con los vecinos afectados inicien las conversaciones necesarias con las mercantiles Rocar S.A., Hijos de Ángel Ojeda y Garavilla S.A. -todas antiguas conserveras de la Isla- a fin de que las citadas empresas entregan las viviendas al Instituto Social de la Marina y éste a su vez las entregue a los propietarios moradores.
La idea está planteada y los vecinos de Valterra esperan ahora un compromiso político definitivo que de por finalizada la inseguridad en la que se mueven. “Estamos atados porque no podemos hacer nada con nuestras casas”, asegura un vecino de la zona, que reclama la titularidad de la vivienda en la reside desde hace veinte años.
Reuniones sin consenso
Agrupados en una comisión de trabajo que preside desde 1999 el responsable de la asociación Los Marinos de Valterra, José Cruz Hernández, los vecinos de la zona debaten propuestas encaminadas a conseguir la renuncia a las viviendas por parte de las empresas conserveras a favor de los trabajadores. Pero el consenso se hace esperar.
La estrecha colaboración que mantienen los inquilinos con el Instituto Social de la Marina es buena, de hecho en una respuesta remitida a la diputada Olivia Cedrés el organismo citado especificó en el Congreso de los Diputados que “la su intención es cumplir con el acuerdo adoptado y no hará nada que no cuente con el beneplácito de los vecinos”, tal como indicó el responsable de la Casa del Mar en la Isla, Pedro González. No obstante, esta buena disposición resulta insuficiente para dar salida al problema. La negociación con las mercantiles está estancada y en este asunto es indispensable contar con la colaboración del Ayuntamiento de Arrecife para que se respalden las acciones de los vecinos. “Los políticos tienen que hacer un esfuerzo por estos vecinos. Llevamos ocho años y hasta ahora nadie se ha reunido con nosotros ni políticos ni empresarios”, reclamó Hernández.
En septiembre de 2006 el pleno capitalino abordó, por primera vez después de varios años de solicitud por parte de los vecinos, una propuesta de ayuda económica destinada a cubrir los servicios de asesoramiento jurídicos necesarios para actuar contra las empresas conserveras si así fuera preciso. “Si a partir de ahora tenemos que salir a la calle lo haremos y si es necesario recurrir a la vía judicial también a pesar de los años de espera que nos toque luchar en los tribunales”, aseguró. Y que los vecinos están dispuestos a defender con uñas y dientes lo que consideran de su propiedad. “Alguien tiene que acodarse de esos vecinos que fueron explotados en su época. Intentamos arreglarlo sin pleitos pero estamos dispuestos a todo”.
El escollo del Plan General
Las especulaciones en torno al Plan General de Ordenación Urbana de Arrecife (PGOU) han salpicado también a estos vecinos. Por su fuera poco el dilema planteado con los propietarios de las conserveras en los últimos meses han sido testigos de nuevos planteamientos sobre sus viviendas esta vez expresados por los representante de Supermercados Marcial y Hormiconsa, tal como se recogió en un artículo publicado en el periódico Canarias 7 (29: “los dueños de Garavilla, donde iba a hacerse el centro comercial de Valterra proponen al Ayuntamiento desistir de los dos pleitos a cambio de construir el híper, cambiar el uso a comercial y residencia y entregar las casas de Garavilla a los actuales inquilinos”. Los vecinos no están dispuestos a que sus viviendas se conviertan en moneda de cambio y entienden que estas declaraciones “no dejan de ser un intento de negociar con unas propiedades que no son suyas”. “Las viviendas son del Instituto Social de La Marina y sólo este organismo tiene facultad de entregarlas”, sostienen desde el citado centro.
Los vecinos advierten que estas manifestaciones recogidas en la prensa “podrían interpretarse como un intento de presionar al Ayuntamiento, valiéndose de la información que esta comisión ha venido presentando”, apuntan. Y es que para los miembros de la comisión vecinal estas declaraciones han motivado la interrupción de las negociaciones que se venían desarrollando con la empresa Ojeda y La Rocar. “A priori no tenían inconveniente en renunciar a las viviendas a favor de quienes fueron sus trabajadores” y así se lo han trasladado a la alcaldesa capitalina, María Isabel Déniz en una nota remitida por la comisión. “No estamos dispuestos a aceptar que estos señores, que se pavonean de representar empresas netamente conejeras, intenten aprovecharse de la posible presión mediática que pudiera suponer para el Ayuntamiento que setenta familias tengan que salir a la calle en demanda de que se respeten sus derechos”, concluyen.
La respuesta a este asunto la tendrá, sin duda, el pleno que se celebra este viernes en el Consistorio de Arrecife, donde a instancias de los concejales alternativos se discute una moción que busca dar salida a este conflicto que se prolonga por años.
José Cruz Hernández, presidente de la Asociación de Vecinos Los Marinos
“Creo que los políticos tienen que hacer un esfuerzo por estos vecinos”
Además de presidir la asociación de vecinos de la barriada, José Cruz, ejerce como portavoz de los propietarios, quienes han confiado en su buen hacer para conseguir sus objetivos. Codo con codo con el responsable de la Casa del Mar, Pedro González, viene trabajando desde hace años en esta tarea: la titularidad para los moradores. “Los vecinos reclaman sus casas. Muchos de ellos llevan viviendo en la zona desde hace cuarenta años y tienen miedo a que puedan quedarse en la calle”, sostiene. En opinión de Cruz “ya se ha pagado con creces por la vivienda” y de ahí su interés por resolver el conflicto que enfrenta a los actuales inquilinos con los propietarios de las empresas conserveras y el Instituto Social de La Marina. En su lucha no sólo busca una respuesta por parte de los empresarios sino que además persigue la implicación de la clase política, sobre todo representada en el Ayuntamiento. “Creo que los políticos tienen que hacer un esfuerzo por estos vecinos”. Incansable asegura que seguirá “al pie del cañón” hasta que esto se resuelva.
Margarita Hernández Romero, jubilada, 40 años en Valterra
“No me gustaría que me echaran a la calle después de tantos años”
Francisco Umpiérrez Arvelo,20 años como vecino de la zona
“Las casas tendrían que estar a nombre de los que estamos viviendo en ellas”
Rosenda Regalado Méndez, ama de casa. Vive en el barrio desde 1975
“No me importaría que se construyeran nuevas viviendas”
Sebastián Torres, jubilado, más de 40 años en Valterra
“No me explico cómo la empresa no ha firmado el cambio de titularidad”
