-¿La negociación con el Gobierno central para conseguir el Juzgado de lo Social para Lanzarote fue dura? ¿Cuándo se pondrá en marcha este nuevo órgano judicial en la Isla?
-Yo creo que lo duro en general ha sido la propia relación con el Ministerio en lo que se refiere a la creación de nuevos órganos judiciales para Canarias. Los ciudadanos deben saber que en todo lo que se refiere a Justicia, las comunidades autónomas tenemos competencia en lo que es la dotación de medios y de personal en los juzgados, pero lo que es la creación de los nuevos juzgados y la designación del juez corresponde en exclusiva al Ministerio de Justicia. El año pasado habíamos priorizado un conjunto de órganos judiciales hasta un total de 10 y el Ministerio sólo nos dio seis, y sin embargo este año inicialmente nos habían ofrecido ocho de los 10 que pedíamos pero finalmente después de muchos ‘dimes y diretes', conseguimos los 10 y entre esos 10 lógicamente estaba una demanda fundamental para Lanzarote como es el nuevo Juzgado de lo Social.
-¿Cuándo se pondrá en marcha este nuevo órgano judicial?
-Pues lo más probable, si seguimos la secuencia que se ha producido en los años anteriores, es que el Real Decreto por parte del Estado se apruebe en el mes de diciembre y en los primeros días de enero podamos tener ya funcionando el nuevo Juzgado de lo Social de Lanzarote.
-¿En enero?
-Si, si, esos son los plazos normalmente de los diez órganos judiciales a crear, cinco empezarán en enero y cinco a finales de junio. Y por tanto, nuestra voluntad, si finalmente el Ministerio pueda cumplir con su parte, es que en enero pueda entrar en funcionamiento el nuevo Juzgado de lo Social de Lanzarote.
-Parece que todo hace pensar que cumplirá con lo acordado, porque en 2007 hay elecciones.
-Yo espero que si. Eses es un factor también que a lo mejor tiene alguna posibilidad de influir ahora y que por tanto las cosas queden hechas.
-Por otro lado, en los últimos días han llegado a Lanzarote ocho pateras y aunque se está procediendo al traslado de inmigrantes hacia la Península, la situación continúa siendo desesperante.
-Yo creo que en este asunto hay una política de inmigración del Gobierno central, del gobierno socialista, que es el que nos está conduciendo a esta situación actual. Nosotros hemos dado desde CC y desde el Gobierno de Canarias un mensaje muy claro, nosotros estamos por la regulación y por la ordenación de los flujos de inmigración de forma legal, y por combatir todo lo duramente que se pueda la inmigración clandestina de todos los ámbitos, no solamente de todos aquellos que nos llegan por vía marítima, ya sea por cayuco o patera, sino también los que nos llegan por los aeropuertos sin cumplir después las condiciones para permanecer en este territorio. En este sentido, se han presentado un conjunto de propuestas en el Congreso de los Diputados que todavía no han sido debatidas y recientemente el Gobierno del Estado convocó a nuestro portavoz, Paulino Rivero, para intentar crear una subcomisión de estudio sobre este asunto. Nosotros, de momento, hemos dicho que estaremos presentes pero que no nos creemos este tema porque creemos que lo que se está haciendo simplemente es ganar tiempo y por tanto en un plazo de un mes si esto no tira para adelante con cambios claros, que se vean señales de que el semáforo se ha puesto en rojo en lo que se refiere a inmigración clandestina, entonces CC presentará su propia Proposición de Ley para garantizar una modificación de la Ley de Extranjería, para garantizar la modificación del Código Penal y que los patrones no sigan siendo absueltos y para garantizar también un tratamiento distinto al tema del menor y, en definitiva, para que de una vez por todas este asunto, sabiendo de antemano que es difícil, tenga una solución legal que hoy mismo el gobierno socialista no está produciendo.
-¿Usted cree que si este problema se plantea en el País Vasco, Galicia o Cataluña, el Gobierno central hubiera sido tan lento y perezoso?
-Yo creo que este tema lo define muy bien lo que ocurrió hace escasamente una semana en el Congreso de los Diputados. Al ministro del Interior, señor Rubalcaba, le preguntaban sobre la fuga de determinados subsaharianos del centro de retención de Las Raíces y la respuesta de él fue que no había problema porque no se iban a escapar ya que estaban en una isla. Creo que esa respuesta da la medida de cómo ve el Gobierno central este problema desde Madrid. Están alejados 2.000 kilómetros, en territorios insulares y para el Gobierno central mientras el tema esté en esa situación, pues tiene capacidad de conducirlo. A mi me parece que ese es el planteamiento no voy a decir colonial sino de absoluto desprecio a lo que es una situación diferenciada de Canarias en el conjunto del Estado y a mi me parece que a lo largo de este año desde el Gobierno de Canarias dimos 2.000 señales de aviso. Primero, al ministro del Interior el señor Alonso cuando lo era en el mes de febrero, más tarde en marzo empezaron a llegar cayucos desde Mauritania, hicimos también advertencias de que el mismo presidente de Mauritania nos decía que saldrían cayucos desde San Luis, en Senegal, al norte de Senegal. No se nos hizo caso y se han ido produciendo desgraciadamente las cosas según las hemos ido diciendo. El Gobierno del Estado no ha prestado en los momentos necesarios la política para combatir el fenómeno y llegó hasta donde llegó. Ahora mismo hay una cierta retención en cuanto al número de personas que viene llegando pero tampoco nos confiemos porque esta situación ya se ha producido en otros momentos del año y por tanto puede volverse a reproducir porque el fenómeno de origen existe en los países subsaharianos, que es una gran pobreza, manifestación de desigualdad muy grande y nosotros estamos aquí al lado. Por tanto si el Estado no está con la disposición de que el dispositivo de control de las fronteras sea un dispositivo permanente y con la disposición de modificar la legislación para hacer señales claras de que el semáforo de la inmigración clandestina se ha puesto en rojo, si eso no es así, seguiremos padeciendo los canarios el problema.
-¿Esta especie de desprecio hacia Canarias es sólo con el tema de la inmigración o se puede contemplar en todos los estadios de la relación Gobierno central-Gobierno de Canarias?
-Nosotros creemos que ese siempre ha sido el fundamento de la necesidad de que Canarias tenga un nacionalismo político activo, en definitiva que ...
-Entonces al final les dan de alguna manera la razón.
-Si, si, es que al final si usted no conduce eso a que hay una relación distinta, que Canarias es un territorio diferente, que estamos a 80 kilómetros de las costas de África, pues muy difícil será interpretar los problemas que estamos padeciendo y en este sentido no sólo en este tema lo estamos pasando y mucho, sino en otros ámbitos. Para el Estado es un problema en este momento realizar el proceso de paz en el País Vasco y nosotros creemos que ese es un problema de Estado y los canarios que jamás hemos padecido ningún atentado en el Archipiélago, sin embargo creemos que es un problema de Estado y contribuimos a que ese asunto se solucione en la medida de nuestras posibilidades y convenimos todos en que estamos ante un problema de Estado. En este asunto de la inmigración hemos sido sujetos pasivos de una política errónea y hasta recientemente no se han hecho las cosas que se tenían que haber hecho y todavía ni siquiera hay soluciones definitivas que se puedan articular a este problema. Y sucede así con muchos otros problemas. En estos momentos por ejemplo la inversión media del Estado en el Archipiélago está en torno al 64%, vamos consiguiendo progresivamente con nuestra posición que el Gobierno del Estado vaya aumentando los recursos que destina a Canarias pero no es la política en general. Hasta hace muy poquito se nos pretendía quitar el Plan Integral de Empleo para Canarias que tan importante es para las políticas activas de empleo y también para las construcciones escolares. Fíjese lo importante que es en un territorio como Lanzarote o Fuerteventura que se desarrollan en población, seguir construyendo nuevos centros educativos y, sin embargo, se nos pretendía quitar del presupuesto esa dotación específica para las infraestructuras escolares. En definitiva, si no espabilamos aquí no estamos en condiciones de defender los intereses de Canarias y por eso estamos haciéndolo con la intención de que el Gobierno del Estado tenga a Canarias en las primeras páginas de su agenda.
-Está claro que somos ciudadanos de primera a la hora de pagar pero no a la hora de percibir el tratamiento que nos corresponde, ¿eso no podría obedecer a que el mensaje nacionalista no es lo suficientemente contundente?
-Yo creo que lo es. En ocasiones no se ha sabido entender el planteamiento de encuentro, diálogo y acuerdo que hemos mantenido con los diferentes gobiernos del Estado. Primero con el gobierno popular y ahora con el gobierno socialista. Y nuestra voluntad en ese diálogo es conseguir cosas para Canarias. En ocasiones no se consiguen y es en ese momento cuando tenemos que elevar el tono, cuando tenemos que dar digamos un puñetazo en la mesa para que se perciba que nosotros estamos aquí, que tenemos una situación diferente y que nosotros requerimos respuestas también diferentes. En este asunto creo que hemos sido claros. En el caso de la inmigración clandestina creo que hemos sido claros, no vamos a poder seguir aguantando esta situación, es verdad que viene ya de algunos años, empezaron primero las pateras que llegaban a Lanzarote y Fuerteventura, se aprobaron determinadas leyes de Extranjería, las leyes de Extranjería dieron resultado hasta cierto punto, han seguido entrando miles y miles de personas a través de los aeropuertos canarios, muchos de ellos están en situación irregular, y tenemos que proceder a dar respuesta a eso. En ese sentido, yo lo que quiero plantear es que hay momentos en la política en los cuales uno tiene que plantarse y decir hasta aquí hemos llegado, nosotros estamos colaborando hasta donde creemos que es importante en la política de Estado pero hay cuestiones en las que no vamos a ser sufridores de políticas erróneas como las que se está llevando en estos momentos a cabo por parte del gobierno socialista en materia de inmigración.
