- “Con la crisis migratoria debe haber una intervención del Estado y de las comunidades autónomas. Otra posibilidad es que las comunidades autónomas también asuman esa solidaridad pero, visto lo visto, llevamos un tiempito solos”
- “Ya tenemos el triple o el cuádruple de la capacidad para acoger a migrantes que normalmente podemos tener en Canarias, así que el Gobierno de Canarias también está en una posición complicada”
- “Con la Ley de Dependencia, que ya tiene más de 10 años, estamos defendiendo un derecho establecido por Ley. La modificación de hábitos y del concepto que tiene la asistencia a estas personas no es un tema antojoso, no es un tema en el que viene una Administración y estima que esto es importante. No, por Ley, tiene que estar establecido de esta manera porque es un derecho”
La consejera de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote, Isabel Martín Tenorio, aborda en la entrevista ofrecida este martes en el programa ‘A Buena Hora’ de Crónicas Radio-COPE Lanzarote distintos temas de actualidad relacionados con los Servicios Sociales y la atención a varios colectivos. Desde la llegada de siete pateras en los tres últimos días a la Isla, colapsando los pocos recursos y espacios que el Gobierno central dedica a los migrantes en Canarias, la posible subrogación del personal y el retraso en los pagos del Cabildo a Adislan, la Asociación del Discapacitado en Lanzarote, Martín Tenorio insiste en que en estos momentos los derechos de las personas dependientes no pueden estar supeditados al capricho de anteriores y actuales corporaciones.
- Imagino que tras la llegada de las últimas pateras a Lanzarote, habrá estado muy ajetreada estos días.
- Sí, la verdad es que son momentos difíciles, pero bueno, tenemos también que mirar un poquito más allá. En esta vida esto es un problemón, un problemón gravísimo que tenemos como país y también como continente, porque al final los países de la Unión Europea somos entrada para muchos otros países, pero bueno, nuestra vida no se circunscribe a esas situaciones y a esas circunstancias, así que bueno, tenemos también que estar en otros ámbitos de las personas.
- Un problemón que puede paliarse con las derivaciones de estos inmigrantes pero que, en el caso de los menores, sí que es un tema que asume el Cabildo, ¿verdad?
- Efectivamente, básicamente es una competencia del Gobierno de Canarias. Nosotros aquí estamos haciendo un esfuerzo inaudito, extraordinario, y me consta además que también en el Gobierno de Canarias tienen una saturación importante. El otro día hablé con la directora general, con la que hablo casi todas las semanas porque este problema nos atañe a todos, y me estuvo comentando que ya en Canarias teníamos el triple o el cuádruple de la capacidad que normalmente podemos tener en Canarias, con lo cual, ellos también están en una posición complicada.
- Luego está el tema de las otras comunidades autónomas y su solidaridad con regiones como Canarias con esta nueva crisis migratoria pero, ¿no le parece que ya el Gobierno español debería haber intervenido hace tiempo y, en lugar de pedir solidaridad, haber gestionado algo en este trámite de las derivaciones?
- Yo entiendo que este es un tema de Estado, de comunidades autónomas, y que trasciende obviamente las competencias insulares y de la propia Comunidad Autónoma. Yo creo que es una competencia que tiene una importancia, sobre todo por los números con que contamos ahora mismo, donde debe haber una intervención del Estado y de las comunidades autónomas. Así lo entiendo. Otra posibilidad, otra opción que hay es que también las comunidades autónomas también asuman esa parte de solidaridad. Pero visto lo visto, llevamos un tiempito solos, la verdad.
- Claro. Debe ser muy complicado poder hacer previsiones para que vuelva a la normalidad por ejemplo espacios como el albergue de La Santa, ¿verdad?
- Bueno, claro, nosotros ya habíamos ido reduciendo en un número importante la cifra de inmigrantes en ese albergue, pero entre ayer y ayer ya está otra vez lleno. Vamos haciendo derivaciones, cambios, se van generando salidas, pero conforme conseguimos eso, cuando entran avalanchas como las de ayer o las de anteayer, es imposible. Y luego, bueno, nos encontramos con menores pero pequeños. Tenemos un porcentaje alto de jóvenes con cerca de 18 años y otros mayores de 18, pero después también tenemos otros chicos con 12 y 14 años.
- La verdad es que la situación es tremenda. Sabemos que el Cabildo había anunciado y presupuestado el traslado de las personas sin hogar para sacarlas del albergue provisional de la Ciudad Deportiva, pero ahora han tenido que darle uso al albergue para acoger a los inmigrantes recién llegados.
-Sí, en principio se ha habilitado el dispositivo. Estimamos que va a ser un dispositivo para corto plazo, tal y como nos ha explicado la Policía. El domingo me acerqué a la Ciudad Deportiva para ver cómo estaba aquello. La Policía Nacional estaba intentando agilizar lo máximo posible el trámite de la documentación administrativa, y sé que se estaban haciendo ya las pruebas PCR. Conforme se conozcan los resultados de esas pruebas, se producirán las derivaciones adonde corresponde y bajo los criterios de Extranjería y bajo los criterios del Ministerio de Inmigración. Y entiendo que no es el lugar adecuado la Ciudad Deportiva. Ni reúne las condiciones ni nosotros somos la entidad competente para el tratamiento de estas circunstancias.
- Bueno, mientras todo esto acontece, usted tiene otros frentes abiertos en la Consejería de Bienestar Social. ¿Qué ha pasado con el retraso del Cabildo en el pago de las facturas a Adislan? ¿Por qué se han retraso esos pagos?
- Cuando tomamos la situación de la discapacidad en Lanzarote, nosotros detectamos, y es un problema de décadas, que había un levantamiento constante de reparos por parte de la Intervención General del Cabildo. Ya esto lo detecté cuando estuve al frente de la Consejería de Hacienda y queríamos saber por qué se producían estas circunstancias. Entonces empezamos a trabajar para saber cómo se establecen los convenios, qué es lo que dice la Ley de Servicios Sociales, cuáles son los incumplimientos de esta Ley a través de la contratación en el sector público, … Se hizo todo un estudio y no sé si lo recuerdan, pero el 25 de mayo de 2020 se llevó a Pleno la nulidad del contrato con Adislan. En noviembre el Consejo Consultivo de Canarias, tras nuestra solicitud de consejo, para ver cómo podíamos afrontar la situación sin quebrar ni afectar a la relación con los usuarios. Entonces el Consejo Consultivo nos guió, nos abrió el camino y nos dio las pautas jurídicas que teníamos que seguir y, entre otras cosas, sugerían realizar una auditoría. Y no solo una auditoria económica, sino también desde el punto de vista asistencial con los usuarios y por supuesto con sus familiares. En noviembre se encargó esa auditoría y en febrero o marzo pasado comenzó a arrojar una serie de datos que hacían incompatible el abono de facturas con la formalidad con que se estaban presentando hasta ese momento. La interventora nos llamó y nos dijo que la auditoría arrojaba esos datos, con lo cual, había que cambiar la forma de facturar. Y a eso procedimos. Se hizo la modificación, se buscó el amparo jurídico para llevar a cabo esta gestión, pero en ese tiempo, y pido disculpas porque ha habido un momento de impago de las nóminas, que ha durado un mes. Afortunadamente, esto ya se ha resuelto. Nosotros vamos a seguir trabajando en la misma línea. Y desde aquí, aprovechando el eco de su emisora de radio, aprovecho para pedir disculpas y para mostrar mi solidaridad, no solamente con los trabajadores, que me consta que hay muchas personas muy profesionales y con un altísimo nivel de dedicación y cariño a los usuarios, como nos transmiten los propios familiares, sino también a los usuarios y a sus familias, que también sé que están directamente afectados por esta situación.
- Sí, y también hay otro tema que les preocupa mucho a los trabajadores. Han pedido que la plantilla sea subrogada si el Cabildo va a licitar y a adjudicar el servicio. Quieren que eso se contemple dentro del propio contrato.
- Bueno, estos son temas sobre los que yo no puedo pronunciarme porque, sinceramente, desconozco la relación laboral. Como la relación contractual es tan irregular, desconozco las circunstancias. Lo que pasa, lo que está claro es que, como la profesionalidad es un hecho a valorar, esperamos que la línea sea la de mantener, en la medida de lo posible, las circunstancias laborales. Ésa es desde luego la voluntad del Cabildo. Pero, ¿pormenorizadamente, para todas y cada una de las personas que están? Yo entiendo que, si hay un incremento de requerimientos -servicios que posiblemente se vayan a incrementar- seguramente el coste del servicio subirá. Entiendo que eso puede incluir la masa laboral y al número de personas que trabajan en Adislan ahora mismo. Pero tampoco es un tema del que yo tenga un nivel de conocimiento en profundidad. Piensen que cuando se establece un contrato de esta categoría, que estamos hablando de mucho dinero, para nosotros la primera premisa es qué requerimientos tienen nuestros usuarios, … Si necesitan sesiones con psicólogos o terapias dos veces a la semana, con terapeutas ocupaciones, con trabajadores sociales, con educadores, con pedagogos, … con todo el elenco de profesionales, … Nosotros realmente necesitamos saber cuál es la cartera de servicios que le vamos a ofrecer a nuestro sector de dependencia. Ese es el primer trabajo que se hace y, a partir de ahí, se derivan todos los puestos de trabajo que van a ejercer todas esas funciones, pero siempre en base a todos los servicios que nosotros prestaríamos como Administración al colectivo con diversidad funcional.
- Por cierto, el otro día el Gobierno del Cabildo lanzó un comunicado de prensa contundente en el que acababan denunciando que hasta ahora los Servicios Sociales se han venido utilizando hasta ahora como una maquinaria clientelar para hacer favores. ¿A qué se refieren exactamente con esa acusación?
- Bueno, ha sido la manera de entender los Servicios Sociales, y hablo del Gobierno, aunque yo también lo he dicho alguna vez públicamente. Tras la Ley de Dependencia se produce un antes y un después, pero es que la Ley de Dependencia tiene ya más de 10 años. Estamos hablando de la relación contractual con las entidades y con los organismos que prestan los servicios tanto en dependencia como en discapacidad. Es una cuestión de derecho. Entonces, esta cuestión de derechos trasciende a cualquier relación que de forma arbitraria se realice entre la Administración y un agente del tercer sector. Que sí, que tienen su valor, han tenido a lo largo de muchos años una importancia fundamental, pero no olvidemos, y es el horizonte que nunca debemos perder, o al menos así lo veo yo. Estamos defendiendo un derecho, un derecho establecido por Ley, el derecho que da la Ley de Dependencia al sector de diversidad funcional y al sector de los dependientes, y estoy hablando también de nuestros mayores. Quiero decir que la modificación de los hábitos, la modificación del concepto que tiene la asistencia a nuestros vecinos, a nuestros familiares más vulnerables, no es un tema antojoso, no es un tema en el que viene una Administración y estima que esto es importante. No, no estima que esto es importante, sino que, por Ley, tiene que estar establecido de esta manera porque es un derecho. Creo que es una cuestión de conceptos y una cuestión de modificación de hábitos dentro de la historia de nuestro país y de la historia de nuestros servicios sociales en todas las administraciones de todo el ámbito nacional.
