El consejero de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) del Cabildo de Lanzarote, Ángel Vázquez, ha confirmado este jueves en el programa “A Buena Hora” de Crónicas Radio que el Juzgado de lo Social Número 1 de Arrecife ha desestimado la demanda interpuesta por el sindicado Comisiones Obreras (CC OO) por los procesos de selección para 57 plazas en la empresa pública. Para él, la noticia supone un fuerte varapalo para quien intentó, no entendiendo cómo se había hecho el proceso, tumbar una iniciativa que contaba con el consenso de la práctica totalidad de la plantilla. “Tuvimos el juicio la semana pasada, el juez no estimó la demanda porque entiende que todo el procedimiento está muy bien hecho. Desestimó esa demanda al entender que los Centros han actuado de forma adecuada y correcta. Me llamó el abogado, me contó todo un poco del tema del juicio y me sorprende que todavía haya gente que no sepa que al ir a un juicio de testigo estás obligado a decir la verdad. Si no dices la verdad, puedes caer en un delito de perjurio, hay mucha gente que no sabe eso”, soltó el también consejero del Partido Popular (PP) dando a entender que durante el procedimiento alguna de las personas que acudió a la sala no dijo precisamente la verdad.
Vázquez destacó visiblemente molesto que toda esta situación provocada por el representante de un único sindicato ha generado un gran sobrecoste, de unos 600.000 euros, a la empresa pública al tener que acudir a Empresas de Trabajo Temporal (ETT) para poder cubrir los puestos necesarios, y al tener incluso que retener procesos de jubilación a la espera de que el asunto quedara resuelto en los juzgados. “Luego una cosa muy grave en todo esto es que ha habido un sobrecoste de personal por paralizar este procedimiento, que estaba ya muy avanzando y llevábamos tres meses de procedimiento. Cuando se hicieron las bases, que ya estaban hechas y estaban aprobadas, nadie reclamó la lista provisional ni la lista definitiva. Tres meses después de iniciar el proceso reclaman, lo que casi nadie entendió. Al paralizar todo, a la empresa le ha causado un sobrecoste de unos 600.000 euros. Hemos tenido que tirar de ETT que cuestan un 25 por ciento más. Había que jubilar a 12 personas que no se pudo jubilar y llevamos un año pagando la empresa esas jubilaciones”, denunció.
Además, se preguntó quién asumirá las consecuencias y la responsabilidad por haber perjudicado a los CACT e incluso a los propios trabajadores. “¿Ahora quién se hace responsable de esta sobrecarga de coste financiero del personal? Esto ha perjudicado a la empresa. Si esas plazas hubieran salido en su momento esas 12 personas hubieran estado jubiladas, se lo hubiera pagado el Estado y nosotros no hubiéramos tirado de ETT. Nosotros hubiéramos tenido 57 personas ya en plantilla en los puestos que les correspondían por las bases”, insistió enfadado.
El encargado de la empresa pública también criticó la actuación realizada por varios testigos durante el procedimiento sufriendo lapsus repentinos acerca de la situación. “Por lo que me contó el abogado hubo muchos que tuvieron en el juicio lapsus de memoria importantes de lo que había pasado. Parece ser que alguno mintió porque de lo que a mí me enseño el abogado de las declaraciones que se hicieron no tiene nada que ver con lo que pasó en la reunión. Igual que le digo, como he hecho otras veces, que alguno no sabe estar en un Consejo de Administración o no sabe lo que significa estar en el. También le digo que hay gente que va a un Juzgado y cree que llegar allí es decir lo que a uno le da la gana sin pensar que si se demuestra que ha mentido yendo de testigo puede cometer un delito”, indicó.
Además explicó cómo continuará ahora el procedimiento tras conocerse esta noticia y cuáles serán los pasos a seguir en una cuestión que perjudicó a más de 212 personas. “Las 57 plazas siguen el procedimiento que se paralizó en su momento y cuando el abogado ya me entregue a mí la sentencia definitiva o lo que sea que me dice que está el tema desbloqueado continuaremos con el proceso que está totalmente igual. Yo creo que antes de un mes debería de estar porque dese cuenta que hay afectadas 212 personas que son las que se presentaron a esas 57 plazas. Además es gente que ahora está trabajando con nosotros entonces la gente ahora mismo está nerviosa porque ellos quieren regularizar su situación, estabilizar su empleo y lógicamente las personas jubiladas quieren jubilarse. Por lo esto de aquí a un par de meses debe estar solucionado”, aclaró.
Vázquez cerró su intervención en el programa que dirige el periodista Alfonso Canales recordando el tipo de plazas que se ofertaban y reiterando que el juez ha determinado que se actuó de forma correcta. “Eran plazas de todo tipo desde temas de mantenimiento, de cocina, de sala, administrativo, había de todo. Este era un procedimiento interno no externo, por eso digo que más me sorprendió siendo interno que denuncien sin motivo además. Pero bueno ahí ya el juez dijo lo que había y por lo tanto ya ha quedado demostrado que la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL) actuó de forma correcta y adecuada”, finalizó.
