El ex consejero de Agricultura, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, el herreño Narvay Quintero, ha señalado este miércoles en la segunda sesión realizada en el Juzgado de lo Penal Número 3 de Arrecife por la causa de la desaladora de Montaña Roja en la que están acusados Pedro San Ginés, Francisco Perdomo y José Hernández Duchemín que recordaba perfectamente que su departamento llevó a cabo la elaboración de un expediente sancionador antes de que se produjera el proceso de incautación. Este documento, según explicó en la sala, se elaboró debido a que se estaban realizando ventas a terceros de agua cuando sólo se poseía autorización para el autoconsumo. Fue una de las principales conclusiones del segundo día de un juicio que San Ginés trató de que no se iniciara al entender que se debería haber decretado la nulidad del procedimiento por no haber acusación por parte de la empresa afectada por la medida, Club Lanzarote, y que sin embargo se prolongará hasta el día 1 de junio, cuando arrancará de nuevo con los testimonios destacados del abogado Ignacio Calatayud y del ex ministro y ex Diputado del Común Jerónimo Saavedra. En esta jornada, además, intervino el responsable de Club Lanzarote, Joaquín Cañada, que evidenció la mala relación que en su momento hubo con el Cabildo antes de que se produjera la incautación y antes sobre todo de que llegaran a un acuerdo que en teoría debería haber acabado con el pleito de no existir una Acusación Popular representada por los ex consejeros de Podemos Carlos Meca y Pablo Ramírez.
El abogado de la defensa de Pedro San Ginés, José María Calero, destacó durante su intervención este miércoles uno de los puntos de la orden en la cual se solicitaba la inmediata clausura por parte del Gobierno de Canarias, garantizando el abastecimiento con las medidas oportunas. Así, pidió a Narvay Quintero que explicara esta cuestión. El testigo indicó que era verdad que se solicitó la clausura pero que “no podíamos negar el agua al ciudadano”. Además, añadió que se dio al Consejo Insular del Agua la potestad para realizar esta acción y que no sabría especificar cuáles eran esas medidas oportunas que se debían realizar.
La abogada de la Acusación Popular, Nora Ferrer, preguntó al ex consejero si era componente de Coalición Canaria (CC) o lo había sido, a lo que Quintero respondió de forma contundente que no había sido militante “ni antes ni ahora”. La letrada, ante esta respuesta preguntó que quién le había nombrado consejero, a lo que respondió que las designaciones las realiza el presidente del Gobierno de Canarias, que en esos años era Fernando Clavijo. Además, negó que supiera que el ex presidente del Cabildo tuviera algún tipo de demanda o querella por parte de Club Lanzarote cuando se realizaron los expedientes.
El representante de Club Lanzarote, Joaquín Cañada, arrancó su intervención explicando que la empresa “tenía el derecho y el deber de suministrar agua a los complejos que estaban en el Plan Parcial y se encontraban dentro de Montaña Roja”. La Acusación Popular preguntó a Cañada si Club Lanzarote firmó un convenio con el Cabildo de Lanzarote para incorporarse al Plan General, el testigo confirmó este acuerdo entre ambas partes. Tras esta confirmación se mostró el documento al representante de Club Lanzarote y se le solicitó que comprobara si se encontraba la firma de Pedro San Ginés y si las fechas establecidas eran de un mes antes de la incautación. El testigo reconoció la firma del ex presidente del Cabildo, pero no supo concretar si la fecha que estaba estampada en el documento era exactamente un mes antes de la incautación. Durante la intervención, Cañada recordó que en ese convenio se establecía que cuando se terminaran las obras de infraestructuras se entregarían las instalaciones a la institución.
Sobre si se realizaron visitas a las instalaciones antes de la incautación, el testigo confirmó que Gerardo Díaz y otros miembros de Canal Gestión visitaron las instalaciones de Club Lanzarote. Joaquín Cañada también comentó que se realizaron reuniones, antes de que se tomara esa medida, junto a Ignacio Calatayud y José Juan Hernández Duchemín y que ambos le solicitaron que “diera la planta”. Acerca de la incautación el representante de Club Lanzarote señaló que “los asesores me informaron de que no se podía realizar sin un expediente administrativo previo y sin una orden judicial”.
El testigo confirmó, ante las preguntas de Nora Ferrer, que recibió dos llamadas de Pedro San Ginés. En la primera el ex presidente del Cabildo le informó de que "querían coger la planta". El testigo especificó que en la segunda ocasión fue Pedro Soriano, letrado de Club Lanzarote, quien atendió la llamada porque él se encontraba realizando otras labores el mismo día de la incautación. Acerca de cómo se sintió en esa ocasión el testigo aseveró que se sintió "presionado y muy mal".
El representante de Club Lanzarote negó de forma rotunda que Pedro San Ginés se pusiera en contacto con ellos para que se apartaran del proceso que actualmente se está llevando a cabo. El testigo finalizó el periodo de respuestas a la Acusación Popular afirmando que creía que tenía la autorización y los títulos habilitantes para realizar las diferentes funciones.
La defensa de Pedro San Ginés comenzó sus preguntas acerca de los diferentes requerimientos e incidentes que surgieron vinculados a la empresa Club Lanzarote. Joaquín Cañada comentó que en los casos del incidente de comunicación pública se tomaron las medidas sanitarias oportunas, llegando incluso a afirmar que “Club Lanzarote era un ejemplo de calidad”. El letrado preguntó al testigo si pudo percibir en Pedro San Ginés y José Juan Hernández Duchemín, durante las diferentes reuniones, un sentimiento de necesidad de solucionar el problema. El representante de Club Lanzarote denunció que “ellos nunca quisieron arreglar nada, querían la planta”, añadiendo que “querían que claudicara”.
La fiscal, Celia Asensio, pidió a Joaquín Cañada que explicara si Club Lanzarote obtenía beneficios, destacando el testigo que sí se obtenían pero que “también se empleaban para el mantenimiento de la urbanización”. La letrada preguntó qué perjuicio económico le provocó la incautación a la entidad. Cañada señaló que este “era poner dinero que sacábamos de otros sitios para el mantenimiento de la urbanización”.
José Juan Hernández, hijo de José Juan Hernández Duchemín, fue otro de los testigos que declaró tras no acogerse a su derecho de no testificar por ser familiar de uno de los acusados. Hernández comenzó su intervención explicando, tras las preguntas de la Acusación Popular, que posee estudios secundarios que son los necesarios para poder ejercer de vigilante de cauces del Consejo Insular. El testigo señaló que entre sus funciones estaban las de realizar inspecciones y en ocasiones hacer analíticas de oficio, pero que en su mayoría las propias empresas realizaban las analíticas y se tramitaban al Consejo.
Acerca de si conocía desaladoras que realizaran la venta a terceros el vigilante de cauces indicó no conocer estos casos. Posteriormente, la letrada mencionó dos casos concretos como el de la desaladora de Papagayo y de Montaña Roja y pidió al testigo que confirmara si conocía estas ventas a terceros que realizaban. José Juan Hernández confirmó este conocimiento, lo cual provocó que la letrada pidiera explicaciones ante la incongruencia de sus palabras. Sin embargo, el vigilante de cauces, visiblemente molesto, aclaró que había entendido que se preguntaba por el resto de desaladoras y no estos casos concretos y que en la situación de Papagayo al ser una tubería de una misma compañía no se consideraba venta a terceros.
El vigilante de cauces finalizó su intervención señalando que informó acerca de los expedientes sancionadores, pero que él no decidió la sanción. También informó de que realizó una visita a las instalaciones de Club Lanzarote y que el día de la incautación se produjo una oposición y le negaron la entrada.
La defensa de Pedro San Ginés comenzó su espacio de preguntas a Ceferino Marrero, antiguo secretario general del Consejo de Gobierno, acerca del decreto del órgano dependiente del Gobierno de Canarias. Marrero explicó que en Montaña Roja se había tramitado una sanción como consecuencia de la venta de agua sin permiso ni tarifa. Acerca de si se realizaron alegaciones aseguró que se tuvo que “dar para atrás” para que se pudieran realizar. Sobre la indicación de clausura y garantizar el abastecimiento a través de las medidas oportunas aclaró que “se establecían 3 sanciones: una penalización económica, la restitución del servicio y la clausura y que se obligaba a que se asegurase un abastecimiento que estaba previamente indicado”.
Ceferino Marrero especificó, mientras respondía a la Acusación Popular, que su designación se llevaba a cabo por el Gobierno de Canarias, que estaba compuesto por dos partidos y que el presidente en esos momentos era Fernando Clavijo. Ante la pregunta de si dictó alguna medida cautelar, explicó que no entraba dentro de sus competencias y que éstas las determinó el Consejo Insular del Agua, que cuando la cuestión era “muy grave la tramitaba el Gobierno de Canarias”. Marrero finalizó su intervención aclarando que la ejecución no estaba dentro de sus competencias y que se remitió al Consejo Insular de Aguas para que la realizara.
Pedro Martín Toledo, quien fuera administrador concursal de Inalsa, comenzó su intervención señalando que a la hora de intervenir la desaladora sin licencia se guiaron por Inalsa para cumplir la gestión del servicio de agua para toda la Isla. Además, añadió, ante las preguntas de la defensa de Pedro San Ginés, que por capacidad y razones técnicas Inalsa no tenía capacidad para realizar el servicio en determinados puntos.
José Manuel Fuentes, antiguo notificador del Cabildo de Lanzarote, comenzó su testimonio señalando, ante las preguntas de la Acusación Popular, que él solo participó en el “acto administrativo”. Ante la pregunta de si había unas oficinas de atención al público en las instalaciones de Club Lanzarote, señaló que entregó la notificación al abogado de la empresa fuera por lo que no pudo ver si se contaba con este espacio. Fuentes finalizó su intervención respondiendo a Nora Ferrer que él no iba a entrar “en casa ajena sin permiso judicial”.
A lo largo de la jornada también testificaron varios agentes de la Policía Local de Yaiza y de la Guardia Civil. Los agentes confirmaron que se les solicitó por parte de la alcaldesa de aquellos años, Gladys Acuña, para que acudieran a la zona y evitar que se produjeran altercados. También explicaron que Joaquín Cañada afirmó durante la incautación que no se podía realizar sin una orden judicial y que se estaba produciendo un allanamiento. Ante la cuestión de la Acusación Popular de si habían realizado alguna vez una acción similar a la analizada sin el permiso de la propiedad o una orden judicial todos los agentes del orden negaron haber hecho esta acción en ningún otro caso bajo esas condiciones.
Cabe destacar que el ex presidente Pedro San Ginés recordó en su intervención del pasado martes que ante la querella presentada por Club Lanzarote un juez determinó que no era necesaria una autorización judicial para esta incautación ya que las instalaciones incautadas no poseían la condición de domicilio. Además, el secretario Francisco Perdomo también señaló a San Ginés que no era necesaria dicha autorización judicial.
El vigilante de Club Lanzarote, Rafael Soto, fue el último testigo de la jornada. Comenzó su testimonio ante la Acusación Popular explicando que dormía en la vivienda que estaba ubicada dentro de las instalaciones ya que “hacía guardias por la noche”. Soto señaló que cuando se produjo la incautación no pudo acceder y que tenía pertenencias personales dentro de la vivienda.
La defensa de Pedro San Ginés preguntó al vigilante si le constaba que entrara alguien a la vivienda o se cambiara la cerradura tras la incautación, el testigo negó que se hubiera producido alguna de estas situaciones. El letrado finalizó su intervención solicitando a Rafael Soto que confirmara si él poseía unas llaves de la vivienda y se tenían otras en las instalaciones y si en caso de ser así alguien había pedido estas llaves. El vigilante confirmó la existencia de estas llaves y que no habían sido solicitadas.
