Ante la apertura de juicio oral por falsa denuncia y falso testimonio por el juzgado de instrucción n.º 2 de Arrecife a Pedro San Ginés por el caso de las cocinas de los CACT, y ante el juicio paralelo que está sufriendo en algunos medios de comunicación, el expresidente del Cabildo y portavoz adjunto de CC-PNC, hace públicos este viernes en nota de prensa los documentos y testimonios que atestiguaron los pagos millonarios sin contrato realizados por Carlos Espino.
“Los documentos y las durísimas declaraciones del director económico y financiero de los CACT acreditan la falta de contratos en pagos millonarios a las 3 empresas vinculadas a la denunciante, en un caso en el que estuvieron diez años imputados y larvando su odio Carlos Espino y Mario Alberto Perdomo, hoy jefes del gabinete de Presidencia y Prensa de Dolores Corujo, respectivamente”, ha señalado, añadiendo que “por algo así, yo ya estaría entre rejas”
Como se recordará, en un comunicado anterior, San Ginés reprodujo las declaraciones de dicho director, por el aparentemente delictivo modus operandi de Carlos Espino, tras la denuncia de Ástrid Pérez contra él por acuerdo del Consejo de Administración de los CACT primero, y luego ampliada motu proprio a Mario Alberto Perdomo, entre otros, y en la que también se denunciaba la falta de contratos en los pagos a una empresa de los hermanos Acosta, a los que me referiré en una tercera entrega.
“La perplejidad de mi imputación se fundamenta en que yo en mi testifical ante la Guardia Civil, y en el documento que aporté como borrador de una denuncia que nunca puse, a la única empresa que cito -de las 5 referidas en este artículo- es a Climafrical. Las otras dos del mismo administrador, la de Mario Alberto Perdomo y la de los hermanos Acosta, las añade la querella de Ástrid Pérez de la que yo no participé en nada”, subraya San Ginés, quien afirma que hace esta declaración “porque la denunciante, sin duda por indicaciones del entorno de Dolores Corujo, dice en su demanda que el documento aportado por mí y la denuncia de Ástrid Pérez son idénticas”.
Declaraciones del director económico y financiero de los CACT ante el juez
En el anterior comunicado, Pedro San Ginés reprodujo un extracto de la declaración del director económico y financiero de los CACT ante la Guardia Civil, que terminó con la afirmación en la que este decía “que antes de la moción de censura se realizan pagos y pagarés, la mayoría para pagar a Climafrical y a empresas de su administrador”.
Posteriormente, declaró ante el juez, tal y como consta en las actas:
- “Que ante el retraso en los cobros por X (el administrador fallecido de Climafrical S.L., Instalaciones y promociones Govi S.L, y Castillo del Berrugo S.L.), Espino no le sugirió al declarante que se siguiera el mismo procedimiento...” (el habitual)...”
- “Que lo que Carlos le dijo fue que a ver si se podían pagar los pagarés porque si venía una corporación nueva podía haber retrasos en el pago de las facturas a X”
- “Que Carlos fue quien ordenó que se emitieran los pagarés a favor de las empresas de X” (Vea el informe DOC 1 elaborado por el director y dirigido a Ástrid Pérez, aportado en su denuncia).
Conviene aclarar, informa San Ginés, que los CACT, “nunca jamás, ni antes, ni durante, ni después han utilizado pagarés como fórmula de pago, por no considerarse instrumento adecuado de pago en la administración de un ente público”.
Además, el director emitió un demoledor informe dirigido también a Ástrid Pérez (vea el documento adjunto DOC 2) aportado igualmente a la causa, certificando que ni Govi SL., ni El Berrugo S.L. tenían contrato alguno, a pesar de lo cual facturaron y cobraron nada menos que 159.112€ y 155.329€ respectivamente, y que la única que lo tenía era Climafrical (por algo más de 200.000€, pero facturó casi 400.000€) para obras en la cocina de Jameos, pero que además de en Jameos facturó sin contrato 150.284 € en el Monumento al Campesino, o 158.978€ en las Montañas del Fuego, por poner solo algunos ejemplos de lo mucho que facturó sin cobertura contractual.
Y a todo esto, hay que añadir que si la falta de contratos fuera poco, un peritaje judicial (vea el documento adjunto DOC 3) certificó sobrecostes de al menos 174.270€ sobre los precios de mercado en las tres empresas concernidas, a razón de 138.623€ en el caso de Climafrical SL, de 9.402€ en el caso de Promociones Govi SL , y de 26.244€ en el caso de Berrugo SL, revelando entre otras cosas, la falta de contratos o “conceptos ambiguos y abstractos” en las tres empresas, que “impiden determinar si existen o se han realizado los trabajos y en qué han consistido”
