Salvamento Marítimo ha vuelto a tener que salir a la mar este domingo por la noche para atender otro aviso de los ocupantes de una patera que pedían auxilio en su intento de alcanzar las costas canarias. En concreto, ha sido la guardamar Urania la que ha interceptado otra embarcación irregular que ha entrado en las fronteras de esta parte de España con 60 personas a bordo, entre las que había 8 mujeres y en principio ningún menor de edad.
El rescate de esta nueva embarcación, que no iba a ser la última que llegara en estos días de tiempo de patera a Lanzarote, de ahí que este periódico ponga puntos suspensivos detrás de los números que marcan las llegadas de la última semana, se produjo cuando terminaba el que tampoco había sido un plácido domingo para la agotada plantilla de los distintos organismos y estamentos que se ocupan de tratar de atender de la mejor manera posible a los seres humanos que están llegando a Lanzarote en auténtica avalancha.
Ya por la mañana de este lunes el Consorcio de Seguridad y Emergencias ha informado de la localización y rescate de una segunda embarcación en la que viajaban 45 personas, entre ellos sólo una mujer, todos de origen subsahariano y en aparente buen estado de salud.
La llamada de atención que realizó el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, de poco o nada ha servido y de poco o nada va a servir si no existe verdadera voluntad política para solventar esta situación.
Y hablando de política en la habitual noticia de sucesos sobre las pateras, parece que esta vez sí se va a producir una reunión a tres bandas entre el Gobierno central que preside el socialista Pedro Sánchez, el Gobierno autonómico que preside el nacionalista Fernando Clavijo y el principal partido de la oposición en el Congreso de los Diputados, el Partido Popular (PP). Una reunión clave para que se dejen de reproches los unos y los otros y pacten una verdadera reforma de la Ley de Extranjería, que no va a poner fin a la llegada de pateras pero al menos servirá, no desde luego a corto plazo, para que sea obligatorio el reparto de los menores inmigrantes que están bajo la tutela de la Comunidad canaria, en estos momentos más de 5.000.
Aunque resulte sencillo poner fecha y hora a un encuentro tan importante, en lugar de fijarla durante el fin de semana han seguido los reproches, todo como consecuencia de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de tumbar de forma cautelar el protocolo establecido por el Gobierno de Clavijo para tratar a los menores que lleguen ahora a las Islas, protocolo que no se va a poder aplicar y que obliga a las autoridades canarias a tener que hacer frente a todo lo que supone cuidar a cada uno de los menores que han llegado y que seguirán llegando.
